Abel Pintos, a quien los catamarqueños recordamos especialmente por la tragedia 2014 en El Rodeo (no pudo actuar por la llegada del alud), acaba de protagonizar un fuerte cruce con el intendente de Chilecito, el peronista Rodrigo Brizuela y Doria. De acuerdo a lo que dijeron las partes, al jefe comunal le pareció una desmesura que el artista pretendiera cobrar nada menos que 100.000 dólares (unos $6.300.000 al cambio oficial) por una actuación de 40 minutos en el festival que, en la segunda ciudad de La Rioja, finalizó anoche. A partir de allí, dijo que con el dinero que ahorrare iba a comprar una ambulancia y que para la cartelera artística comenzaría a privilegiar la actuación de valores provinciales. Sin dudas, teniendo en cuenta la mishiadura que vive el país, un razonamiento impecable.

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La respuesta de Pintos no se hizo esperar. Señaló que la supuesta negociación “no fue real” y que tampoco existió “la posible contratación” o el llamado a su manager. Lo que no aclaró nada a los diarios La Voz del Interior y Clarín –ambos pertenecen al mismo grupo mediático- es sobre el monto que, suponemos, no tiene por qué haber inventado  el jefe comunal. Los artistas nacionales, entre los cuales Pintos es uno de los más cotizados, no son de salir a las provincias con objetivos filantrópicos o solidarios. Lo hacen por montos muy importantes y una serie de requisitos que, se sabe, llevan al costo a valores impropios de un país sumido en la pobreza y endeudado por varias generaciones.

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El ejemplo chileciteño, más allá de opiniones encontradas, debería servir a los gobiernos de Catamarca para repensar las contrataciones. No solamente por el lugar que merecen nuestros artistas –siempre y cuando se acomoden a la realidad económica-, sino porque los foráneos se la lleven a su casa y la invierten en otros lados. Comprendemos, queda claro, que algunas atracciones de público hacen falta, pero habría que estudiarlas a fondo para acotar los gastos del Estado, el pagador bobo en el rubro espectáculos.

El Esquiú