Lo que dejó a medio resolver la Justicia, que condenó a seis años de prisión por abuso sexual a Enrique Aybar, dejándolo a la vez a cargo del municipio belicho de Puerta de Corral Quemado, continuó generando ecos, tanto en Diputados como en el Senado por la situación institucional. Más allá de que el jefe comunal haya sacado licencia por 90 días y se haya encomendado a Dios por justicia, las críticas continuaron en la cámara baja. Además, en el Senado el oficialismo se acopló con un proyecto propio para intervenir el municipio.

Este miércoles comenzó con Aybar presentando un escrito al director Provincial de Relaciones Institucionales de la provincia para comunicarle que, a partir de ayer mismo, hará uso de su licencia por 90 días “con el fin de colaborar con la situación judicial que es de público conocimiento y a la que me encuentro sometido”.

En el escrito el jefe comunal también comenta que “a través de conversaciones mantenidas con el ministro de Gobierno (Jorge Moreno) he decidido solicitar la licencia y de ese modo colaborar con la Justicia y llevar tranquilidad a la comunidad toda”. De esta forma tomará la conducción del municipio el intendente suplente, Carlos Casimiro.

Diputados
La cámara baja terminó su sesión con un nuevo debate sobre el caso Aybar y el conflicto institucional. Más allá de lo infructuoso del mismo, tanto el oficialismo como la oposición continuaron entendiéndose en el repudio. Se repitió la crítica a la Justicia por dejar en libertad a Aybar hasta que la Corte resuelva la casación y se hizo un severo llamado de atención al camarista Jorge Palacios.

El iniciador del debate fue Daniel Lavatelli, pidiendo que se trate con celeridad la intervención o la caducidad del mandato de Aybar en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Consideró que el próximo lunes será importante puesto que se citó a la comisión a familiares de las víctimas del intendente. “Aybar tomó licencia, busca ocultarse y esconderse para que no se intervenga el Municipio”, evaluó y rescató que el lunes habrá oportunidad de preguntarle a Casimiro qué piensa de la situación.
Luego el opositor Tiago Puente mencionó que en la Justicia electoral federal hay constancia de que Aybar es afiliado al PJ desde marzo de 1983. “Quienes tengan que tomar una decisión, que lo expulsen del partido”, dijo.

Esto encandeció al oficialismo. Juan Denett lamentó la chicana recordando que “él estaba en la lista de candidatos de ustedes mientras tenía un proceso abierto por violación y varios diputados que estaban en la misma lista lo avalaron”.

También le contestó Augusto Barros: “La Justicia lo dejó libre cuando sobrados argumentos exigían para sí continuar con la prisión preventiva y lamento que vengan con estas chicanas a plantear la afiliación”. “Es grave que en esta situación se prendan en la más chiquita para llevar agua a su molino”, agregó.

Con tino, la presidenta del cuerpo Cecilia Guerrero recordó que el tema se está tratando en Comisión. “Si cada miércoles vamos a insistir con el debate por qué no esperamos que la Comisión avance en su trabajo y acordar cuál es la mejor forma para encontrar una salida a esta indignante situación”, dijo. 

Quien coincidió con ello fue la opositora Marita Colombo. “El tema en el recinto se debatió en reiteradas oportunidades y vamos a incurrir en voluntarismos”, subrayó. A la vez, apuntó a la “enorme responsabilidad que le cabe al juez Palacio en haber permitido que este señor siga en libertad y dictar una sentencia sin perspectiva de género”. “De nada sirve continuar prolongando este debate que sabemos que no tendrá resultado que no sea el de insistir y reiterar”, observó. 

Posteriormente Víctor Luna adelantó que no estaba de acuerdo en la asistencia de familiares de la víctima y sostuvo que el cuerpo debería “haber realizado un proyecto de exhorto, duro, a la Justicia para que tome intervención inmediatamente y se expida en el más corto tiempo para que este violador vaya al penal de Miraflores”.

A su turno, Luis Lobo Vergara contempló que el oficialismo hacía una puesta en escena para sacar provecho político. “Se aprovechan de una situación de una mujer para tomar por asalto un Municipio”, alegó.

Esto gatilló la molestia en Lavatelli. “El pueblo no nos pide intenciones, nos pide que actuemos. A ustedes no les importan las víctimas, las familias, les importa el Municipio y para quien queda, propongan el interventor si quieren”, manifestó para remarcar que ”es una falta de respeto a las víctimas”.

Proyecto en la cámara alta

Ayer, nueve de los 14 senadores oficialistas firmaron la presentación de un proyecto que va en línea con otro similar en la cámara baja. Es que, además de apuntar a la intervención de Puerta de Corral Quemado, sugiere cesar al intendente “a partir de la vigencia de la ley”. 

A la vez, proponen que la intervención se extienda hasta diciembre del año que viene y que el Ejecutivo de la provincia efectúe un llamado a elección de forma conjunta con los comicios de medio término del 2021, “con la finalidad de completar el periodo constitucional que finaliza en el 2023”.