El Gobierno de Catamarca, en su lucha para evitar la propagación del COVID-19, viene llevando a cabo la implementación de algunas medidas, pero a pesar de esto las reuniones sociales, aun estando prohibidas, se siguen realizando.

Esto motivó que el Poder Ejecutivo analice nuevas sanciones para las personas que incumplan los términos del Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO). Según explicaron, los permisos para la aplicación de estas penas se solicitarán ante las autoridades nacionales y sus alcances serán expuestos a los sindicatos locales.

Ante la constante realización de reuniones sociales y otras actividades que pueden representar un peligro epidemiológico en el marco de la pandemia de COVID19, el Poder Ejecutivo estudiará el pedido ante Nación para que las personas que no cumplen con el DISPO o el Aislamiento  Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) sean sancionadas con la eliminación del acceso al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) u otros beneficios sociales nacionales.

En otro punto del comunicado enviado, el Gobierno provincial indica que se dialogará con los sindicatos locales para que -aparte de las sanciones que se apliquen mediante multas- se proceda al despido del personal público que incurra en incumplimientos graves del DISPO o el ASPO.

La determinación comunicada por el Ejecutivo, se da luego de que se registre un sinnúmero de detecciones de reuniones sociales y eventos en los que participan personas que no corresponden al grupo conviviente, además de que las personas que concurren a este tipo de encuentros circulan por fuera del horario permitido de circulación que se estableció en la provincia mediante decreto. 

Si bien las medidas se encuentran en análisis y serán compartidas con los representantes sindicales de los trabajadores evidencian la necesidad de establecer más sanciones, ya que la concientización y las multas dispuestas no resultan suficientes.

Para los propietarios

También se analiza que las personas propietarias de domicilios donde se realicen fiestas o reuniones sociales por fuera de los límites establecidos por la normativa vigente sean eliminadas del registro de proveedores del Estado y sancionadas mediante la imposibilidad de volver a ser registrados como tales.