La idea de que se proceda al despido del personal público que incurra en incumplimientos graves del DISPO o el ASPO ya tuvo planteos de inviabilidad desde el sector a cargo de la representación de los trabajadores. El titular del SOEM capitalino (integrante del FUSSI) Walter Arévalo contempló que “es una medida que no tiene viabilidad” y rescató que “los que nos cumplieron el aislamiento, la mayoría, fueron funcionarios desde el primer nivel hasta el cuarto”. Para el dirigente gremial “hay una clara intencionalidad de perseguir, domesticar a la clase trabajadora violando los derechos individuales adquiridos que tiene cada uno” y apuntó que, de fondo,  “esto tiene una sola intención: dejar trabajadores en la calle excusándose con la pandemia”. Según comentó, su rechazo a la medida también es compartido por tres dirigentes integrantes del FUSSI.

Por su parte, para Leonardo Burgos, uno de los conductores de la CGT local, tampoco es viable una sanción de esa magnitud. “No hay otras cuestiones para llegar a este tipo de sanciones, no obstante, hay otro tipo de remedios legales para aplicarlos a fin de que todo no sea dinero ni pérdida de dinero”, dijo el sindicalista del sector sanitario.