Hasta ayer, dos años pasaron desde la presentación formal del abogado Eduardo Andrada sobre el pedido de juicio político a los jueces de la Corte de Justicia, José Cáceres y Amelia Sesto de Leiva. Tras ese lapso temporal, en la última sesión de la cámara baja se le puso fecha para definir la remoción de ambos magistrados. Con una propuesta del bloque oficialista (Frente de Todos), se aprobó que se debata el juicio político en la tercera sesión del mes entrante.

En el medio de esos dos años, el pedido contra los cortesanos tuvo poco movimiento. Se emitieron tres despachos de comisión de Asuntos Constitucionales, es decir, el proyecto se encontraba listo para ser tratado en el recinto. Uno de esos despachos es del oficialismo y va por la afirmativa. Para el caso, hacer lugar a la denuncia de juicio político promoviendo abrir el procedimiento. Los otros dos corresponden a la oposición y van por lo contrario. En otras palabras, ponerle fin al trámite iniciado. 

Dentro de ese par de años la oposición buscó insistentemente cerrar el tema pidiendo tratamiento preferencial en diferentes sesiones. El resultado no variaba. A cada pedido de tratarlo en determinada sesión, el oficialismo no acompañaba.
Esta historia tuvo un giro en la sesión de ayer de Diputados. Es que el oficialista Augusto Barros (FT) pidió que se trate la apertura de juicio político a los dos jueces cuestionados para el miércoles 18 de noviembre y que cada diputado diga si acompaña o no (solicitó votación nominal). En un movimiento, por la repetida historia de buscar su tratamiento, el presidente de la bancada mayoritaria opositora Víctor Luna (UCR- Juntos por el Cambio) propuso que se debata en la próxima sesión.
Comenzó la votación y lógicamente el oficialismo se acopló al pedido de Barros. En el medio, mientras avanzaba la votación, Luna pidió la palabra para “retirar” la moción de tratarlo el miércoles que viene. De esta forma, y casi de forma unánime (Hugo Ávila se abstuvo de votar), se aprobó el tratamiento preferencial.

Ahora bien, en todo este procedimiento y de cara al miércoles 18 entra juego una variable importante. El número de voluntades que acompañen o rechacen en esa sesión el juicio político. La oposición insistió, en al menos cinco oportunidades, tratando que el proyecto baje a sabiendas de que el oficialismo necesita la mayoría calificada para aprobarlo. En ese juego, el FT lo rechazaba por el mismo motivo.

La aprobación de ayer abrió el interrogante sobre el número de legisladores que acompañen al Frente de Todos o si la ecuación continuará estática y la oposición  pone punto final al tema.