Y llegó el día en que la cámara de Diputados tratará, en medio de un clima de tensión, qué pasará con dos miembros de la Corte de Justicia de la provincia, los cuales enfrentan un juicio político, juicio que se viene posponiendo desde hace un tiempo a esta parte. 

La fecha del 18 de noviembre se decidió a fines del mes de octubre, cuando en una sesión los diputados aprobaron tratar el juicio político a los cortesanos José Ricardo Cáceres y Amelia Sesto de Leiva. 

Serán los diputados del oficialismo y de la oposición quienes debatirán sobre el futuro de Cáceres y Sesto de Leiva, todo a partir de la denuncia realizada por el letrado Eduardo Andrada, quien planteó que es inconstitucional que los jubilados puedan ocupar cargos en el Estado. 

Previo al debate en el recinto, el diputado de la Unión Cívica Radical (UCR), Francisco Monti sostuvo que desde el bloque se presentó un dictamen en minoría y que “nos parece que esto forma parte de la saga que se inicia en el año 2012 por parte del gobierno del justicialismo de coaptar la Justicia”.

Luego, Monti remarcó que se repitió lo que sucede en los gobiernos argentinos, donde se designan jueces nombrados por el Gobierno de turno “no confiando en este principio constitucional y republicano de independencia de poderes”, para luego avanzar con la cantidad de miembros de la Corte de Justicia y “en el medio lo que se hizo fue el juicio político a los que ellos consideran que no responden o no están alineados con el poder de turno”.

Seguidamente, el diputado opositor sostuvo que los fundamentos para el juicio político a Cáceres y Sesto de Leiva “son muy pobres” y respecto al planteo del límite de edad de 65 años para ejercer como juez ha sido declarado inconstitucional.  
“Este asunto ya ha sido resuelto por la Justicia y mal puede el Poder Legislativo hoy borrar con el codo lo que ya el Poder Judicial ha escrito con la mano, por lo cual, argumentos sólidos desde el punto de vista jurídico aquí no hay, lo que hay es una embestida en contra de dos miembros de la Corte para sacarlos y poner miembros propios”, enfatizó.

Sobre si el oficialismo cuenta con los 27 votos para decidir el futuro de los jueces, el diputado opositor sostuvo que en principio no tendrían los votos, agregando que “no tengo ningún elemento para suponer que pudiera existir alguna grieta en la oposición que derive en alguna votación distinta a la que uno supone”.

“Nosotros, como bloque de la UCR, desde mi parte, no tengo ninguna duda de que va a haber un comportamiento acorde a lo que ha sido nuestra postura siempre”, dijo en La Brújula. 

Rechazo de recusación 
Luego de haber recibido la recusación por parte del juez José Ricardo Cáceres, el diputado del Frente de Todos (FT), Augusto Barros rechazó el planteo del cortesano, señalando en un escrito enviado a la presidencia de la cámara de Diputados que “la misma carece de sustento legal”, que es “manifiestamente extemporáneo”, además de que Cáceres “puntualiza hechos y antecedentes de los cuales no adjunta una sola prueba que sustente lo expresado en el libelo recusatorio”.
En otro tramo, Barros indica que el cortesano “asevera que he efectivizado declaraciones públicas que no son ciertas por cuanto mal puedo hablar de destitución cuando no es función de este cuerpo”.

Sobre la enemistad manifiesta a la que alude Cáceres por una recusación en un proceso que nada tiene que ver con las actuaciones que se celebran en la presente cámara de Diputados. 

Por otra parte, Barros señala que el ministro de la Corte se basa en publicaciones periodísticas para sentenciar que habiendo hechos probados, carece de integridad suficiente para ser Juez de Jueces, indicando luego el legislador que “desconocía que los medios de comunicación son una prolongación de la Justicia y que a partir de sus aseveraciones, generalmente en potencial, son el sustento probatorio para determinar la culpabilidad del ciudadano que se lo escruta ante la opinión pública o publicada. En segundo término, la función de los diputados no es la de ser Juez, es la de determinar si existe causa probable para iniciar el Juicio Político y abrirse el verdadero debido proceso legal y en el caso que ocurriera, tampoco somos jueces, por cuanto ese rol lo ejerce el Senado de la provincia bajo la titularidad del Vicegobernador”.