Hubo marcadas diferencias internas en el interbloque Juntos por el Cambio durante  la primera sesión especial de la cámara baja. Es que, cuando se aprobaba la emergencia hídrica, siete de los 14 diputados de ese bloque decidieron abstenerse. Si bien al oficialismo le alcanzaban los números, priorizó la palabra “consenso” para aprobar la iniciativa pedida por el Gobierno con el acompañamiento de los legisladores castillistas. Cabe señalar que los siete que abstuvieron tuvieron recelo por la “transparencia” en cuanto a las contrataciones directas para la ejecución de obras para la provisión de agua.

La necesidad de declarar la emergencia hídrica es producto del gran déficit hídrico que impacta en el abastecimiento de agua potable tanto para consumo como para el normal funcionamiento de las actividades agropecuarias. De esta forma, se faculta al Ejecutivo a avanzar con una cartera de 110 proyectos y obras distribuidos en los 16 departamentos de la provincia.
En la sesión, el presidente del bloque del Frente de Todos, Marcelo Murúa, tuvo que oficiar de miembro informante, ya que quien había sido designado, Armando Zavaleta, se encontraba ausente en ese momento.

Luego llegó el turno del presidente del bloque radical (interbloque Juntos por el Cambio) Víctor Luna. El diputado anticipó que se estaba en “condiciones de acompañar este proyecto. Tenemos muchos inconvenientes por resolver en materia hídrica y espero que a través de este proyecto se pueda hacer”.

También comentó que el oficialismo concedió modificaciones luego de que los opositores dialogaran con el ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente, Alberto Kozicki, respecto a los montos para las contrataciones directas y con ello las obras se hagan efectivas rápidamente.

En un momento, Mónica Zalazar (FT) recalcó que hubo “mucho diálogo con la oposición”, desde donde se reclamaba “que no estaban en el listado de obras jurisdicciones de su signo político, pero se sorprendieron de ver que estaban todos los departamentos de la provincia”.

Luego, Marita Colombo adelantó que iba a acompañar, aunque deslizó que “acá no se le está dando solamente una autorización extraordinaria para contratar, sino que se requiere el acceso público a las contrataciones efectuadas en el marco de la emergencia. Hay que garantizar el uso transparente de los recursos”, acotó.

Planteos 
Ahora bien, la primera diferencia llegó de mano del legislador Francisco Monti. El opositor indicó que el proyecto plantea “una autorización demasiado genérica para establecer un sistema vía de excepción que echa por tierra las licitaciones y concursos de precios”. Para el diputado, “se triplican los montos a partir de los cuales el Gobierno puede realizar obras por contrataciones directas, llevando dicho monto a unos $ 150 millones”. El diputado adelantó que iba a abstenerse.

Cabe señalar que el proyecto tratado ayer en la cámara baja tuvo modificaciones en comparación al enviado por el Ejecutivo. Para el caso, se bajó el límite en el régimen de contratación directa $ 200.000.000 a $ 150.000.000.

En similar sentido a Monti se expresó Carlos Marsilli. Esgrimió que las obras que se inicien desde junio del 2021 “en adelante podrían seguir los carriles normales” y apuntó a que no podía “permitir que no existan controles”. También adelantó que iba a abstenerse.

A su turno, Juana Fernández remarcó que no desconocía la situación “por la que pasan el interior y la Capital” en cuanto a la dotación de agua, aunque acotó que le hacía ruido el tema de los recursos. “Así como se necesitan obras, la sociedad debe conocer el destino de los fondos”, manifestó. Cómo los anteriores, pidió abstenerse.

Posteriormente, José “Chichí” Sosa rescató que al sistema de excepcionalidad de contratación directa “lo ponemos como sistema de regla”. “Acá no se discute la emergencia hídrica, no desconocemos la necesidad y la urgencia, dudo del Gobierno, la transparencia; cada paso que se dio es un conflicto de intereses”, dijo, y se sumó a la abstención.

También se integró al cupo de las abstenciones Marisa Nóblega, del NEO, con iguales fundamentos a los anteriores. Además hicieron lo propio los macristas Enrique Cesarini, quien apuntó que “la contratación directa nos lleva al extremo de pensar que habrá un mismo proceso que comprar una resma de papel”, y Natalia Saseta.

Defensa
Desde la bancada oficialista, Augusto Barros no dudó en mencionar que “parece que hay rebelión en la granja”. A la vez, indicó que “el hecho de que sea contratación directa no significa que esté por fuera de los controles que se deben llevar adelante y esto lo saben”.

También hubo réplica en boca del oficialista Ricardo Aredes. El legislador lamentó que desde parte de la oposición se “critique todo pero sin hacer aportes”. “Escuché objeciones sobre el monto de las contrataciones directas, pero ¿no es urgente solucionar el problema de agua? ¿Una licitación nos dará tiempo para solucionar? Es una herramienta para agilizar”, dijo.
Cerró el debate Murúa, quien sostuvo que “este sistema de contratación que se autoriza no exime de control, como tampoco de los procedimientos previstos en la ejecución de la obra”.

Así las cosas, se llevó a votación y fueron 34 los diputados que acompañaron y siete las abstenciones. Ahora pasó al Senado para su revisión.