En medio del debate por el nuevo Código de Procedimientos Mineros, dos diputados del oficialismo advirtieron que el Juzgado de Minas resolvió en contra de los intereses provinciales en el marco del conflicto limítrofe con Salta.

La presidenta de la cámara, Cecilia Guerrero, fue la primera en deslizarlo. Indicó que el sistema del Código Minero utilizado hasta el momento “no demostró estar a la altura de las circunstancias, e incluso extralimitándose, avanzando sobre funciones propias del Ejecutivo y hasta decretando eximiciones en el pago del canon minero“. En este sentido, acotó que el sistema “fue funcional a la costumbre de la especulación en materia minera desalentando las inversiones”.

Más preciso fue el presidente de la bancada oficialista, Marcelo Murúa. En primer lugar reseñó que el Código Minero actual  dispone la necesidad de que exista una declaración de caducidad o vacante “previa intimación al pago del canon y no ejercido el rescate (pago del yacimiento) se declare la caducidad”. “Pasar la autoridad a órbita del Ejecutivo dará más visibilidad a los trámites en la concesión minera, mantención y caducidad de los pedimentos mineros puesto que hoy el control está oculto en el 
Poder Judicial que no publica sus actos”, acotó.

De esta forma, deslizó que “hay algunas cuestiones que tienen que ver con intereses contrarios a la provincia, como la eximición en el pago del canon a un concesionario en Antofagasta de la Sierra, ubicado en zona de conflicto limítrofe con Salta”. El oficialista comentó que el Juzgado de Minas “suspendió los plazos del código de fondo y el pago del canon inclusive en una zona donde justamente hay que ejercer los derechos en defensa de la Provincia y, en este caso, siente antecedentes mineros favorables para con la provincia de Salta”.