El gobernador Raúl Jalil firmó ayer dos convenios de cooperación con los ministros de la Corte de Justicia, uno para la digitalización de oficios en pos de agilizar los procesos judiciales y, el otro instrumento fue para la entrega en comodato de un edificio -donde funcionaba el Ente Regulador de Servicios Públicos- para que la Justicia ponga en funcionamiento de 3 juzgados civiles. Además, el Gobierno analizó la situación de la Justicia, la modernización del Poder Judicial y la construcción de la Ciudad Judicial en Valle Chico, obra que ya tiene presupuestado una inversión de $100 millones.

En la firma estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Jorge Moreno; la ministra de Planificación, Susana Peralta  y la asesora General de Gobierno, Fernanda Rosales. Por parte del máximo órgano de Justicia se hicieron presentes cinco de los siete cortesanos: Vilma Molina, Fabiana Gómez, José Cáceres, Hernán Martel y Miguel Figueroa Vicario.

Tras el acto protocolar, el titular de la cartera política detalló que uno de los convenios firmados es para iniciar el proceso de digitalización de los oficios, lo que permitirá mayor celeridad a los requerimientos de información por parte del Poder Ejecutivo o Legislativo al Poder Judicial y viceversa. “Creemos que es un avance importante para la agilización de los sistemas y procesos judiciales”, valoró el ministro.

Además, comentó que el segundo instrumento firmado establece que la Provincia cede un edificio que pertenece al Ejecutivo, ubicado en Mota Botello y Sarmiento (donde trabajaba el ENRE), para que allí se emplacen y funcionen tres juzgados civiles.
A su vez, Moreno indicó que también se abordó lo que será la futura Ciudad Judicial donde funcionará todo el Poder Judicial y que se ubicará en un predio de 14 hectáreas en la zona de Valle Chico, en inmediaciones a la rotonda del complejo habitacional.
En este sentido, el funcionario explicó que el Gobierno aportará con la estructura base de cemento para que la obra se ejecute con celeridad. “Se hizo el compromiso de que la Provincia hará los aportes necesarios para que se empiece con la obra lo más rápido que se pueda” indicó para estimar que si bien “va a llevar un tiempo también hay una prioridad de que allí estará la Ciudad Judicial”.

Moreno explicó que a la futura Ciudad Judicial se trasladarán todos los fueros, “todas las materias que habilita y tramita la Justicia”, pero para esta primera etapa “se le dará prioridad a la parte penal, que será la primera en construirse”. Además, estimó que las obras de esta primera etapa de la Ciudad Judicial podrían concluirse en un año y medio aproximadamente. 

En este marco, el Gobierno ya contempló la ejecución de la obra para levantar la Ciudad Judicial, puesto que en el plan de obras del presupuesto para el año que viene le asignó 100 millones de pesos a la primera etapa del “nuevo edificio del Poder Judicial” que se emplazará en Valle Chico. 

Comisión Evaluadora
Por otra parte, en la tarde de ayer, el jefe de Estado local y el ministro de Gobierno recibieron a los miembros de la Comisión Evaluadora para la Selección de Funcionarios y Magistrados Judiciales, órgano formado tras la eliminación del Consejo de la Magistratura. 

La Comisión, que está compuesta por Marcia Losada, (presidenta de la Asociación de Magistrados), Alexis Russo (presidente del Colegio de Abogados), Fernanda Rosales Andreotti (asesora General de Gobierno) y Gonzalo Salerno (presidente de la Comisión y Decano de la Facultad de Derecho de la UNCA) le presentaron al Gobernador su primer informe anual y dialogaron sobre parte de la agenda para el 2021, período para el cual se tiene previsto la mayor cantidad de llamados a concurso.
Desde la Comisión destacaron que en este período “se cumplió con los objetivos fijados y con la agenda planificada para este año. Fueron tres los llamados que se realizaron con sus determinados exámenes escritos y orales”. A su vez, remarcaron que hubo “muy buenas devoluciones de la comunidad y del foro local”. 

El mandatario les agradeció el trabajo realizado y los instó a seguir en la tarea de asegurar la transparencia, igualdad e idoneidad para la selección de los futuros funcionarios y magistrados.