El presidente Alberto Fernández firmó ayer en el Museo del Bicentenario con 21 de los 24 gobernadores, entre ellos el mandatario local Raúl Jalil, el nuevo Consenso Fiscal 2020, pacto que permitirá contar con unos $70.000 millones para reactivar las economías locales. “Hay un país que nos reclama que trabajemos unidos”, destacó ante gobernadores el mandatario nacional.

En el texto del nuevo consenso fiscal se fundamenta una serie de objetivos ante la “depresión de la economía nacional que provocó el aumento significativo de la vulnerabilidad económica y social de vastos sectores de la población”, más la ampliación de “la emergencia pública en materia sanitaria en virtud de la pandemia declarada por la OMS”, que redujo “la actividad económica con inevitable impacto en los niveles de recaudación”.

Así, ante la necesidad de “contar con recursos fiscales para la atención de una creciente demanda social para contener a los sectores más vulnerables de la población”, junto con la decisión de “definir una estrategia para el endeudamiento responsable de las provincias” se dispuso que las provincias adhieran en el transcurso del 2021 al Registro Único Tributario administrado por la AFIP para todos los contribuyentes adheridos en Convenio Multilateral. 

A cambio, la AFIP puso a disposición distintas herramientas para que las provincias validen la CUIT/CUIL/CDI y obtengan información sobre la titularidad de bienes inmuebles y otros bienes registrables, y su valuación.

Además, establece que la reasignación de recursos en transferencia de competencias (por ejemplo, de la policía de la Nación a la Ciudad) se implemente a través de fondos del Tesoro Nacional y no de recursos de la coparticipación.

Otro de los puntos es que se prorrogue por otro año más, hasta el 31 de diciembre de 2021, la reducción progresiva de impuestos. El nuevo consenso también indica que no podrá incrementarse el stock de deuda en moneda extranjera, salvo en el caso de líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales.

A la vez dispone que no podrán iniciar en el próximo año procesos judiciales y deberán suspenderse por un año los ya iniciados. En tanto, no se hizo figurar la exención del impuesto de Ingresos Brutos a títulos, bonos, letras y certificados, por pedido de varias provincias que ya lo cobran.