Apuntes del Secretario

jueves, 20 de febrero de 2020 00:42
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La oposición política local sigue firme en sus planteamientos por el tráfico de estupefacientes. Tal como lo hizo en la campaña proselitista en la que, paradójicamente, le fue muy mal, entiende que la detención de dos altos jefes policiales –Kunz y Valdez- es síntoma evidente de relaciones non santas entre la institución y el submundo de la droga. A pesar de que el juez federal, Miguel Contreras, no se ha expedido sobre la situación de los implicados, los radicales ya están pidiendo la cabeza de toda la cúpula que acompañó a los encartados durante la gestión de Lucía Corpacci. Más allá de las buenas razones que le asistirían, diputados como Monti o Marita Colombo saben que si meten baza en este tema pueden recoger los réditos que no consiguieron en la campaña. En ese marco debe leerse la citación que, en virtual interpelación, le hicieron al actual ministro de Seguridad, Hernán Martel.

Cuando Martel se siente frente a los legisladores, como está dispuesto a hacerlo –sería el miércoles venidero- para contestar sus interrogantes y, de paso, pedirle que colaboren con sugerencias, lo primero que le preguntarán será por la situación del secretario de Seguridad, Orlando Quevedo, quien dirigió la Policía casi en paralelo con las actuaciones de Kunz y Valdez. Obviamente dirán que, desde el cargo de conducción que ocupaba, no podía desconocer los movimientos internos y las relaciones con los traficantes grandes y chicos de la droga, que es la teoría del diputado Francisco Monti. Marita Colombo fue más allá. Se preguntó qué más tiene que ocurrir para que el actual gobernador, Raúl Jalil, a partir de haber designado jefes o colaboradores directos de los exjefes, comience a producir una limpieza en la fuerza. Si tenemos en cuenta que el mandatario lleva apenas 70 días en el cargo, por lo menos, se nos ocurre calificar al pedido como apresurado.

Al margen de las razones que se esgrimen en esta coyuntura del tiempo, hay que decir que el radicalismo mantiene como obsesión permanente menear el fantasma de la droga y endilgarlo contra el peronismo. En ese sentido, uno de los pioneros de la cruzada es, sin dudas, el senador Oscar Castillo. Ya en el 91, colgado del ataúd de María Soledad  Morales, hablaba de pistas clandestinas por los cuatro puntos cardinales de una provincia que, según su óptica, era la capital de la droga, la prostitución y las fiestas negras. Un poco exagerado el legislador que, tiempo después, intentó acusar por narcotráfico a Julián William Kent, una persona respetada por toda la sociedad que ejercía como embajador en Holanda. Por este caso, cabe recordarlo, Castillo pasó un papelón ante el extinto periodista Néstor Ibarra, quien lo espetó en cámara diciéndole de qué estaba hablando. La última de las avanzadas fue contra el intendente de Pomán y hoy ministro de Educación, Francisco Gordillo, en un caso que terminó en la nada y prácticamente nadie lo creyó. En fin, lo de los radicales enrostrando al peronismo relaciones con la droga no es nuevo. Esta vez, quizá, puedan tener razón y hablar con la seriedad que merece la cuestión. Por lo pronto lo de Estado-narco es una barbaridad y, a través de la Policía, no forma parte de ningún pacto de gobernabilidad con el narcotráfico. En Catamarca hay droga, es cierto, como en todo país. De allí a pensar que es una réplica de Santa Fe, Córdoba o el área metropolitana, donde se convive con el crimen organizado, hay distancia sideral.

La Justicia argentina vive momentos de gran tensión. El presidente de la Nación, antes de elevar el proyecto de reforma, ha puesto el ojo en las jubilaciones de privilegio del sector y, de cuajo, busca eliminarlas. El proyecto comenzaría a ser estudiado hoy por los legisladores y Fernández quiere que se apruebe sin correcciones, lo que ya comienza a provocar urticaria entre jueces y funcionarios judiciales. Ellos, de ninguna manera, quieren perder los privilegios que supieron conseguir. Veamos algunas de las gangas. Un juez de cámara se lleva mensualmente a su casa unos 350.000 pesos, en tanto en la Justicia Federal hay sueldos que superan largamente los 400.000. Pero, por si fuera poco, los muchachos no pagan el impuesto a las ganancias, como lo hacemos todos los cristianos y no cristianos. Aparte, trabajan en un solo turno –por la mañana- y tienen dos vacaciones al año. Unos 30 días o más en enero, más unos 15 en julio. ¡Interesante trabajar en la Justicia!

La iniciativa dará que hablar. Que nadie lo dude. Los jueces, graciosamente, están en condiciones de presentar amparos y postergar la decisión del Congreso. También pueden ir directamente a la Suprema Corte con el mismo propósito. Pero, por las dudas, mientras se debata el tema, hay muchos jueces que buscarían jubilarse rápidamente para no perder privilegios, ya que de lo contrario deberían pagar mayores aportes. Por cuerda aparte, se descuenta, habrá alguna batalla política que nadie sabe cómo terminará. Del todo, sin embargo, hay un punto inconcebible. Sea cual sea el sueldo, por qué los jueces están eximidos de pagar ganancias. Allí está la punta del ovillo de una tremenda injusticia.                                                                                                 

Hace diez años, en Andalgalá, con la presencia de periodistas porteños que vinieron a atizar la protesta, hubo una movida antiminera que terminó con serios incidentes, heridos e instalaciones destrozadas. El sábado 15 fue el aniversario de aquella asonada que requirió de fuerzas policiales por doquier. Esta vez hubo tranquilidad, lo que es síntoma de maduración y una especie de convencimiento de que si existe control ambiental es posible el desarrollo de la actividad, tal como lo hizo Minera Alumbrera durante 20 años. Las consecuencias del largo período de explotación, en términos negativos, hasta ahora no se han visto y no se avizoran en el horizonte. La misma Alumbrera, no otra, participa del proyecto Agua Rica, cuyo controlante es la canadiense Yamana, que tenía a su vez un porcentaje minoritario en el Bajo más preciado. Es decir, se trata de los mismos actores. Quizá por ello la movida del sábado –unos 40 autos y muchas motos por el centro de la ciudad- no pasó de fijar posturas en contra de los peligros hipotéticos que pueda generar Agua Rica y no demandó refuerzos policiales para contener. Apenas dos uniformados fueron los encargados de guardar el orden y no tuvieron ninguna necesidad de intervenir.

Tras la salida de Mariano Manzi de la Gerencia de Empleo, el cargo permanece vacante y la verdad que se observa poco movimiento en el organismo. El reemplazante saldrá de alguna propuesta del peronismo y los nombres que se echaron a rodar fueron dos. El de Enzo Carrizo –antes se desempeñó en Personería Jurídica y Desarrollo Regional- y de Elizabeth Fontao, quien estuvo a punto de ser diputada provincial por el Frente de Todos. El repunte final de Juntos por el Cambio le impidió llegar a la banca.

RECUERDOS.

Como lo hacemos habitualmente, los últimos bloques incluyen los acontecimientos de la última década del siglo XX.
En febrero de 1995, una de las discusiones políticas de mayor trascendencia tenía que ver con el traspaso de las cajas de jubilaciones provinciales al ámbito de la Nación. Hasta el 19 de febrero de aquel año, solamente tres jurisdicciones habían aceptado la propuesta del exministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo. Una de ellas era Catamarca, gobernada por don Arnoldo Castillo. Las restantes Capital Federal y Santiago del Estero. Mientras tanto, Chaco, San Juan, La Rioja y Jujuy estudiaban hacer lo mismo ante la promesa de la Nación de que se respetarían los derechos adquiridos lo que, finalmente, no ocurrió, pues no se aceptó el pago del 82% móvil que, por ejemplo, prescribe la Constitución de Catamarca. Un dato político de esta situación surge del hecho que, ante el gobierno de Menem, Catamarca se adelantó a la provincia donde nació el expresidente. Parte de la decisión tenía que ver con la morosidad que observaba el gobierno provincial en el pago de sueldos. A mitad de febrero, todavía no se había terminado de abonar el aguinaldo y el sueldo de enero recién se haría efectivo en el mes de marzo.

También a comienzos de 1995 existía un gravísimo problema en Sudamérica. Perú y Ecuador estaban en guerra y libraban duras batallas en la frontera de ambos países, más concretamente en la Cordillera del Cóndor. Se estudiaba un principio de acuerdo para establecer un “alto al fuego” y los garantes eran Argentina, Brasil, Chile y los Estados Unidos. Carlos Menem, nuestro Jefe de Estado de la época, le pedía a Bill Clinton mayor protagonismo y prometía hablar con Alberto Fujimori y Sixto Durán Ballén, los presidentes de los países en conflicto. Las negociaciones por la paz se habían iniciado en diciembre de 1994 y durarían un largo tiempo. Años más tarde, Menem sería denunciado por haber provisto de armas a Ecuador, una gran crueldad. No contra Ecuador, al fin y al cabo un país hermano, sino por Perú, que fue un gran aliado de Argentina en la guerra de Malvinas.

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