Ayer, mediante la presentación de un escrito, la Municipalidad de Valle Viejo, cuya conducción está a cargo de la intendenta Susana Zenteno, se constituyó como querellante en la causa que se sigue por la toma del Edificio Municipal y en la cual quedaron imputados 12 trabajadores cesanteados.
En la presentación judicial, la cual lleva la firma del fiscal Municipal Carlos Martín Peralta y la del asesor legal, Sebastián Ibáñez, el funcionario municipal refiere: “Correspondiéndome funcionalmente la defensa judicial de los intereses de la Municipalidad de Valle Viejo y siendo el representante legal natural de dicha Municipalidad. (...) vengo, en tiempo y forma, a solicitar se me acuerde participación como querellante particular en el presente proceso penal”.

En el mismo escrito, Peralta se refiere a los hechos que determinaron su constitución como querellante particular, lo que le permitirá, entre otras cosas, poder presentar pruebas en contra de los imputados.
Asimismo, en la presentación judicial los letrados hacen mención a que se aportaron más pruebas fílmicas y de audio y que en una de ellas un imputado manifiesta “no sólo haber utilizado, durante la ocupación delictiva del edificio municipal, el ya descripto material explosivo (garrafa de gas) para atrincherarse en el interior del edificio municipal trabando con ello la puerta de ingreso, sino también la intención de hacer explotar dicha garrafa de gas para la producción de un estrago letal”.
Por estas pruebas, según contemplaron desde la comuna chacarera, el municipio (como querellante particular) solicitará que “se agraven los cargos contra los acusados para que se los acuse también por el delito de ‘Incitación a la violencia agravada por el uso de material explosivo’, previsto en el artículo 211 segundo párrafo del Código Penal, que tiene pena de prisión de hasta 10 años”.

En el mismo escrito judicial en el cual solicitan la constitución en querellante ante la Fiscalía de Instrucción Penal Nº9, a cargo Jonathan Felsztyna, por la toma del edificio municipal efectuada por manifestantes de  la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el pasado miércoles 12 de febrero entre las 6 y 7.30, los letrados relatan el hecho en el cual fueron detenidos once manifestantes, que ya fueron liberados bajo caución, y quedaron imputados como coautores del delito de “daño agravado por ser en perjuicio de bienes estatales”, cuya pena es de hasta 4 años de prisión.