Fuerte planteo realizó la oposición tras recibir una respuesta negativa de la presidenta de la cámara de Diputados, Cecilia Guerrero, al pedido de realizar una sesión especial para que el ministro de Seguridad, Hernán Martel, vaya a la Legislatura en pos de dar respuestas por la “narcopolicía”. Los diputados opositores hablaron de “encubrimiento” e insistieron que los jerarcas policiales vinculados con causas de corrupción deben ser removidos.

Primeramente, la presidenta del cuerpo rechazó el llamado a una sesión especial por cuanto los diputados, en el pedido, no hicieron “cita de norma constitucional alguna, argumentan que la doctrina considera que los cuerpos legislativos no entran en receso para tratar temas relacionados a una de sus atribuciones, como sería el control sobre el funcionamiento de los otros poderes del Estado”.

La presidenta fundamentó que la cámara baja se encuentra en un periodo de sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo para tratar exclusivamente los proyectos que envió el Gobierno. Además, distinguió que las “sesiones especiales” no son un tipo de sesión que pueda darse fuera del período de ordinarias o durante el período extraordinarias.
De esta forma, Guerrero señala el pedido de la oposición se basaba en el artículo 45° del Reglamento Interno pero “el objeto que indican al efecto resulta absolutamente extraño y ajeno al objeto definido por el Ejecutivo”.

La respuesta negativa implicó un fuerte descargo de parte de la oposición en la cámara baja, puntualmente del bloque radical. Los legisladores correligionarios lamentaron “que la representación legislativa del Gobierno, echando mano a excusas leguleyas, haya rechazado la convocatoria para analizar junto a Martel todos los aspectos que en seguridad son hoy motivo de preocupación”.

Consideraron que se niega al pueblo “el derecho a estar informado y saber lo que está sucediendo con un tema tan peligroso y difícil como el narcotráfico y sus tentáculos en instituciones del Estado”.

“Esta decisión, no exenta de torpeza y soberbia a la vez, expone no sólo al ministro sino al Gobierno en general, porque no sólo ‘el que calla otorga’ sino también que nos retrotrae a épocas en las que campeaba la impunidad y el encubrimiento”, cuestionaron.

No quedó allí el descontento de los diputados puesto que calificaron de “extrema gravedad” que altos mandos de la policía fueron separados de Drogas Peligrosas “sin que se supiera a ciencia cierta de qué se trataba el apartamiento ni el por qué”. 
Para los opositores, el “desmanejo de la fuerza policial no comienza con la gestión de Martel, comienza con el gobierno de Lucía Corpacci, con Marcos Denett como secretario de Seguridad”.

Los diputados también rechazaron el fundamento de la presidenta. “Fuerzan interpretaciones para evadir sus responsabilidades”, apuntaron, para indagar respecto a “cuál es el temor, si en definitiva Martel estará informando al conjunto de los catamarqueños sobre un serio problema como el tráfico y comercialización de droga”.

Incluso recordaron que durante el receso administrativo del 2008, en la gestión de Eduardo Brizuela del Moral, “no estábamos en período ordinario y Marta Torres de Mansilla (a cargo de Desarrollo Social por aquel entonces) tuvo que asistir a la Cámara en una suerte de interpelación”.

Así, exigen al gobernador, Raúl Jalil y al ministro, Hernán Martel, “la inmediata remoción de todo aquel jerarca o subalterno policial que haya estado o está involucrado en cualquier hecho de corrupción”. Además piden la renuncia de quienes hayan ocupado puestos relevantes en la jerarquía policial “o aquellos con responsabilidades políticas que actualmente se desempeñen en el Gobierno”.

Finalmente anticipan que insistirán con una convocatoria al titular de la cartera de Seguridad al recinto para “que explique las políticas en materia de seguridad, analizar la realidad preocupante y ofrecerle nuestra colaboración”.