La atención de la gente respecto al gobierno, en la práctica, se concentra en las acciones del Poder Ejecutivo o de los legisladores. También los recuerdos de la actuación política tienen como destinatarios excluyentes a ex gobernantes, ex funcionarios, ex diputados, ex senadores o ex concejales. Pareciera que en ellos comienza y termina el circuito de la política y de la institucionalidad, a contramano de los dogmas donde se asienta la democracia.

La regla madre del sistema, conforme nos enseñan desde la escuela primaria, indica que el gobierno está conformado por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Son tres grandes dependencias político-administrativas  y no dos como lo tiene internalizado el ciudadano pedestre.

¿Sabe, efectivamente, el común de la gente, incluso aquella que está bien informada que la Justicia también es el gobierno? ¿Tiene presente, acaso, que se trata del punto de equilibrio entre el poder que ejecuta las leyes y el que las construye? ¿Conoce, por ejemplo, el nombre de todos los ministros de la Corte como si conoce el del gobernador Jalil o de altos funcionarios como Jorge Moreno o Marcelo Rivera? ¿Ubica a jueces de primera instancia o camaristas de la misma forma que lo hace con “Gallo” Jalile o el intendente Gustavo Saadi?

No hace falta que respondamos a estos interrogantes. Cualquier encuesta, desde la más científica a la más doméstica, arroja como resultado de contundencia que el Poder Judicial es, para los ciudadanos, poco menos que una abstracción.

Tiempo de cambios

A pesar de lo expuesto anteriormente, como buen signo de los tiempos, algo está cambiando en la Argentina y, tarde o temprano, ese cambio va a llegar al Judicial, un poder que jamás da cuenta de sus actos y conductas. La ansiada reforma, que posiblemente anuncie mañana el presidente Alberto Fernández (el proyecto se presentará durante la semana que se avecina) al poner en marcha las sesiones ordinarias del Congreso, podría llegar a provincias como la nuestra, donde la ignorancia y los niveles de analfabetización ayudan para que muy pocos se fijen en la Justicia. Ello posibilita que, hasta los (jueces) menos capaces, puedan actuar con discreción y en algunos casos con algo peor que eso: impunidad.

Aunque sean detalles de manual, hay que decir que el ciento por ciento de los administradores de justicia y los funcionarios de esa comarca no los elige el pueblo. Los propone el Ejecutivo y les presta acuerdo el Legislativo. Pero, aparte de no ser elegidos por el voto de la gente, apenas juran adquieren estabilidad hasta el fin de sus días y, únicamente, pueden ser removidos por el complejísimo sistema del juicio político. 

Es tan difícil sacarlos de la cancha que, como simple dato, decimos que a lo largo de 35 años de democracia en Catamarca, hubo escasos desplazamientos por algún aislado jury de enjuiciamiento. Los dedos de una mano sobran para recordarlos.
Si bien las reglas de la democracia valen para todos, en el sentido que un ciudadano con título de abogado puede terminar actuando en cualquier de los tres poderes, resulta indiscutible que quien aterriza en los dominios tribunalicios tiene ventajas comparativas notorias con respecto a aquellos que se mueven en la arena de la política.

Un sector del periodismo y el mismo debate de la sociedad están corriendo los velos que hacían invisible a jueces y magistrados. Ese es el cambio que aludimos y que, para bien, servirá para igualar las responsabilidades del conjunto del gobierno.

Jubilaciones y regímenes obscenos

Después del discurso dominical del presidente, sin dudas, se abrirá un gran debate en torno a las reformas del Poder Judicial.
Mientras tanto, conviene hablar de los privilegios que rodean a la casta y que la alejan del ciudadano común y los políticos, los que se llevan la peor parte en términos de denuestos por parte de la sociedad.

Antes que nada hay que hablar de los haberes que perciben y de los regímenes jubilatorios que, al final de la vida, colocan a los jueces con sueldos que van desde los $250.000 como mínimo y llegan a trepar por encima del medio millón de pesos mensuales.

En este análisis, cabe aclararlo, hay que separar a una justicia federal –vale incluir en esta categoría a los embajadores y a los obispos- que subleva el alma y los administradores de Justicia de las provincias. La primera no tiene límites. La de tierra adentro también goza de privilegios, pero sin llegar a las groserías que pasamos a reseñar.

¿Puede un docente, un comerciante o un oficial de policía, que también tienen regímenes especiales, suponer que los jueces federales de todo el país embolsen mes a mes por arriba de los 250.000 o 300.000 pesos y encima no paguen ganancias, el “impuesto al trabajo” que abonamos religiosamente todos los cristianos de esta bendita Argentina?

Eso solo es un detalle de lo que ocurre en la actualidad y que ya derivó en la media sanción del jueves pasado, por parte de la Cámara de Diputados de la Nación, para que se terminen las irritantes desigualdades que favorecen a los que se calzan la toga.
Aparte de lo que ganan en actividad y en la pasividad, con el 82% incluido, sin ponerse colorados, los magistrados federales perciben el 2% por año de antigüedad a partir que lograron el título de abogado. Queda claro. No cuando ocuparon el despacho, sino desde el tiempo que no trabajaban en la Justicia. ¡Increíble!

En cuanto a horarios y vacaciones se sigue la misma lógica del privilegio. Nadie los controla y solamente atienden por la mañana, aunque algunas excepciones hagan abrir las puertas por la tarde. Tiempo de descanso: todo enero y dos semanas de julio. Nadie, en ningún rubro, cuenta con semejante ganga.

Vitalicios de la injusticia

Por si no alcanzara para el asombro los privilegios sibaritas que enumeramos líneas arriba, los jueces y magistrados en general no llegan a sus cargos por el veredicto de las urnas. Los designa el poder político y, sin rendir cuentas de su trabajo y producción, permanecen en el cargo hasta la jubilación. Y más allá también, como ocurre en Catamarca con dos miembros de la Corte que hace rato han pasado la barrera de los 75 años, el límite argentino para ejercer.

Si lo que cobran y capitalizan en relación al resto de la sociedad serviría para que en la Argentina impere la Justicia, hasta podría justificarse semejante cantidad de ventajas. Pero, en verdad, los resultados son catastróficos, al punto de proclamar por decisión de mayoría que la Justicia en la Argentina es una entelequia que, invariablemente, termina favoreciendo a los más poderosos.

Hace décadas, el más grande escritor que dieran las letras catamarqueñas –Luis Franco- supo decir “como si lo que comienza a descomponerse no oliera peor cuando se lo tapa”. Podría ser un buen mensaje para la Justicia. Por suerte, ya son varios los que no aguantan el mal olor y se tapan la nariz.

El Esquiú.com