Los temas referidos a la minería, al parecer, hay que aclararlos cada nada. Lo vamos a seguir haciendo hasta que se despeje la última duda. El domingo pasado, en un comentario que no pertenece a El Esquiú, se afirmó que con la asunción de Fernando Jalil como presidente de YMAD Catamarca recuperaba la presidencia del organismo interestadual y la mayoría en el directorio, cuestiones que supuestamente, según el análisis de marras, no tuvo durante los cuatro años de Macri. Se trata de dos falacias gigantescas. Si bien es cierto que, desde lo objetivo, no tenía un presidente de Catamarca, con el abogado Santiago Albarracín primero y con el contador Luis de Miguel en los últimos tiempos -ambos nombrados por el expresidente-, en los hechos los dos “pateaban” a favor de la provincia. Y si esto resulta irrefutable, lo de la mayoría no es más que una consecuencia. En los cuatro años del gobierno de Cambiemos, el entendimiento entre el presidente y el gobierno de Lucía Corpacci respecto a la minería fue ciento por ciento. No lo decimos nosotros. Lo dijo Macri en varias oportunidades, una de ellas durante su último discurso -1 de mayo de 2019- de inauguración del período de sesiones ordinarias del Congreso.

La prueba más evidente de lo antedicho surge el día de la votación -3 de octubre de 2019- del proyecto para alquilar las instalaciones que usó Minera la Alumbrera (un porcentaje es de Catamarca por la UTE que la empresa conformó con YMAD) durante los años de explotación a la canadiense Yamana, operadora de Agua Rica. En aquella jornada, Luis de Miguel y los directores de Catamarca, Ángel Mercado y Daniel Barros, aprobaron por mayoría el acuerdo que permitió el adelanto de dinero que podrá salvar a una empresa muy cara a los sentimientos provinciales: Farallón Negro. ¡Cómo que no teníamos mayoría durante el macrismo! Por el contrario, la Universidad de Tucumán quedó con sus dos directores en minoría y, a pesar de estar presentes aquel 3 de octubre en el edificio central de Bartolomé Mitre, en la Capital Federal, no asistieron a la asamblea. Para seguir poniendo las cosas en claro, hay que agregar un dato. Durante la presidencia de Manuel Benítez, avalado por el kirchnerismo y el ministro de Planificación de entonces, Julio de Vido, Catamarca quedó varias veces en minoría por la yunta entre el expresidente y los tucumanos. Era la época en que entraban a raudales los ingresos por la explotación de Alumbrera y Benítez se daba el lujo de repartir dineros y prebendas entre sus amigos. De esto, quedan por escribir largas historias. Por lo pronto, con Fernando Jalil, contamos con un presidente catamarqueño y mantendremos la mayoría que ostentamos durante los cuatro años de macrismo. ¡Qué nadie engañe a nadie!

“El pez por la boca muere”. Fueron tan incoherentes las declaraciones que, sobre el municipio de Valle Viejo, realizó el concejal Javier Espinoza que terminó dándole una mano a la intendenta Susana Zenteno, a quien sin dudas abomina por haber osado despojarle a los radicales de la conducción municipal. Ese sentimiento se desprende de sus planteos. Dijo el edil chacarero -ejerce el cargo desde hace más de seis años- que asesores designados en el ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos en realidad prestan funciones en dependencias chacareras, con lo cual se estaría estafando a los ciudadanos que pagan impuestos en toda la provincia y esos recursos, en este caso, favorecen a un solo departamento: Valle Viejo. Entre esos asesores, Espinoza anota a “una hermana de la intendenta, un abogado y tres personas más” y entiende que la alquimia está destinada a poner a resguardo a Zenteno de eventuales críticas por la designación de familiares directos. 

¿Tanto poder tiene esta mujer que puede hacer nombrar cinco personas para que la asesoren a ella y las pague la administración de Jalil? Cuesta creerlo. Pero hay más de Espinoza. Repite que, además de captar la canonjía señalada, la intendenta se obsesiona en despedir 200 personas entre las cuales, según lo sabe, están militantes de Raúl Jalil y, principalmente, en un 70%, de su colega “peronista” Alberto Barrionuevo, con lo cual estaría confirmando que el acuerdo de éste último con el exintendente Jalile existió y tuvo que ver con “nombramientos electorales”. Si Espinoza, en tal caso, buscó hacerle un favor al popular “Abeto”, desde ya le adelantamos que no logró el objetivo. El odio hacia Zenteno, que al parecer incuba el hijastro de José “Pepe” Cáceres, lo lleva a conclusiones poco felices. Recordemos que apenas asumió la denunció mediáticamente por fraude a la administración. Ahora reapareció con esta historia de los asesores, los que -según su mirada- deberían estar en sus puestos antes de beneficiar al departamento del cual le toca ser concejal. ¡Pobre Valle Viejo! ¡Su concejal no quiere que le hagan favor alguno a su municipio!

En las antípodas del concejal Espinoza, por su nivel de autocrítica, hay que ubicar a la diputada provincial MC Paola Bazán, quien se refirió al rol de la oposición. La eficiente legisladora que, en octubre 19, se quedó sin reelección y contempló azorada cómo colegas tipo Lobo Vergara podían repetir, indicó que la UCR está virtualmente aislada de la gente. “Hay que hacer política cara a cara, no por teléfono o por WhatsApp”, indicó. Agregó, asimismo: “El partido tiene que ayudar a los legisladores a hacer una oposición constructiva y favorable a la provincia. Estamos alejados de la gente, de la dirigencia del interior”, con lo cual llegó a una durísima conclusión: “Como van las cosas, tenemos 20 años más de peronismo si seguimos en la misma ruta”.

No hace mucho tiempo, en Andalgalá, el concejal Sebastián Almada (Partido Justicialista) pidió una auditoría sobre la gestión administrativa del exintendente Páez, el cual gobernó el municipio durante dos períodos (2011-2015 y 2015-2019). Los resultados, vengan por donde vengan, habrán de demostrar cómo se dilapidó el dinero público y gran parte de las regalías mineras cuyo uso, por años, no estuvo reglamentado como en la actualidad. Los métodos utilizados son los clásicos de la política: boletas apócrifas, facturas por bienes y servicios que nunca se habrían entregado y gastos políticos a granel, como organizar las convenciones del castillismo (en retribución calza su traje de diputado), acumular dádivas y todo el combustible para los actos electorales, etc. Esperemos que desde el Concejo Deliberante o el concejal Almada, por su cuenta, den a conocer prontamente los resultados de la auditoría y allí descubriremos cómo fue la gestión administrativa de los últimos ocho años. Baste con recordar que la concejal Laura Atencio, hace dos meses, indicó que Páez y sus funcionarios cobraban dinero “por debajo de la mesa” y hacían figurar un sueldo raquítico para aparentar austeridad.

El adelanto de hace quince días atrás de este secretario, cuando anunció que entre los jueces y camaristas que pensaban jubilarse, para no perder los beneficios que acaba de revisar el peronismo en el Congreso, figuraba un catamarqueño, se cumplió rigurosamente. Se trata de Adolfo Raúl Guzmán, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca, quien no anduvo con vueltas a la hora de elegir entre cobrar una jugosa jubilación -entre 200 y 250 mil de bolsillo- o permanecer en el cargo y ganar menos cuando le toque ser pasivo. Sobre este tema, como ayer dio cuenta El Esquiú, son más de 30 magistrados de todo el país los que siguieron el camino de Guzmán (hermano del exintendente Ricardo Guzmán), habitante de la Justicia Federal desde hace 30 años.

RECUERDOS. Como es habitual, los últimos bloques incluyen los acontecimientos del pasado.
El 14 de marzo de 1995, con la presencia del exgobernardor Arnoldo Castillo, el secretario de Salud de aquel entonces, Julio Calcagno, y el director de Establecimientos Asistenciales, Héctor de Leone, se inauguraba parcialmente el actual hospital San Juan Bautista. Se habilitaba el Servicio de Atención Ambulatoria con 22 consultorios externos para la atención de endocrinología, cardiología, clínica médica, clínica general, ginecología, obstetricia y traumatología. El hecho fue trascendente y tuvo sus bemoles. La historia del hospital arrancó en 1981, cuando Castillo era gobernador de facto y llamó a licitación. La construcción corrió por cuenta del gobierno de Saadi, que pensaba hacer una inauguración parcial en 1991 cuando fue intervenida la provincia. Arnoldo, tras 14 años de idas y vueltas, produjo esta apertura parcial que comentamos y señaló aquel 14 de febrero “es un sueño cumplido”. También participaron del acto el exintendente Brizuela del Moral, el exobispo Elmer MIani y el exrector de la UNCA Julio Salerno. Otro visitante inesperado fue el médico Rubén Manzi e inmediatamente, según los diarios de la época, se lo relacionó con la política. A los días fue anunciado como candidato a primer diputado provincial para las elecciones del 14 de mayo de 1995.

Dos meses antes de lo que se llamó “el nuevo hospital” -hoy ya tiene 25 años-, el exsecretario de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, Alejandro Narváez, anunciaba el nombre de tres empresas que iban a terminar el nosocomio. Los consultorios externos iban a ser ejecutados por administración. Todo esto sucedió porque se le rescindió el contrato a la empresa de Norberto Feldmán, quien había comenzado la obra en 1982 y, negociados de por medio, nunca la pudo terminar.

El Esquiú.com