A través de una serie de decretos, la Provincia empezó a establecer pautas dirigidas a los ciudadanos y al uso de recursos financieros. Es que, por una parte, se decretó la abstención de cortar la energía y el agua ante la mora o falta de pago por parte de los usuarios. Además, mientras dure la emergencia, podrán destinarse los recursos provinciales afectados a destinos distintos de los aprobados transformándolos en fondos de rentas generales. Eso sí, quedan por fuera aquellos recursos que financien gastos de personal.

El primero de los instrumentos firmados por el gobernador Raúl Jalil está relacionado con el suministro de agua y de energía mientras se desarrolla el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

En ese decreto, con fecha del 25 del corriente, se indica que “si bien en Catamarca no se registran casos confirmados de coronavirus a la fecha del presente, resulta necesario adoptar todas aquellas medidas urgentes, que permitan a los ciudadanos catamarqueños, acceder a los servicios esenciales de suministro de energía eléctrica, agua corriente, gas por redes, telefonía fija y móvil e internet y televisión por cable, por vínculo radioeléctrico”.

En este sentido esgrime que,  como la prestación de los servicios públicos de la provincia, “con características propias, como son la continuidad, obligatoriedad, regularidad y calidad, es indispensable que el Estado garantice la sustentabilidad de la prestación de los mismos”.

De esta forma, el jefe de Estado decretó la adhesión a lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 311 emanado por Nación y por la cual las empresas de servicios públicos deben abstenerse “de corte de servicios en caso de mora o falta de pago”.

Fondos
A través de otro decreto, también con fecha del miércoles último, se apunta a que los recursos de la Provincia sean direccionados para las tareas relacionadas a la emergencia sanitaria por el Covid-19 (coronavirus). Es “imperativo adoptar medidas que permitan disponer de fondos suficientes para afrontar los gastos en la atención que dicha emergencia requiera y deba ser asumida con rapidez y urgencia”, el decreto apunta a la necesidad de “establecer normas de excepción”.
En este orden de ideas, se declaró “en estado de emergencia” la prestación de los servicios públicos, la ejecución de los contratos a cargo del sector público y la situación económica financiera de la Administración Pública (centralizada y descentralizada), la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) y empresas con participación estatal, entre otros, “por el plazo de un año”. Este tiempo puede ser prorrogable.

Además, el decreto suspende por ese plazo “la designación y/o contratación de personal”. Esto podrá cambiar siempre y cuando se trate “de necesidades objetivas directamente relacionadas con las funciones o servicios de salud y seguridad”. 
Asimismo, durante el año, “podrán destinarse recursos provinciales afectados a otros destinos distintos de los aprobados”. En este marco, el ministerio de Hacienda Pública podrá reasignar las partidas presupuestarias para bienes de capital y bienes corrientes, “ya sea entre sí, o dentro de cada una de ellas, sin limitación alguna”.

El instrumento legal también declara inembargables “todas las cuentas bancarias, fondos de coparticipación federal y bienes del Estado provincial”. Así,  los tribunales competentes deben, de oficio o a pedido de parte, “ordenar el levantamiento de las medidas cautelares y ejecutivas que se hubieren trabado y la restitución de las sumas embargadas y pendientes de libramiento en su caso”.

Finalmente, el Gobierno invitó al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Tribunal de Cuentas y a los comunas con Carta Orgánica a adherirse “en lo que resulte pertinente”.