Lo que fue la segunda sesión extraordinaria de la cámara baja pareció una réplica de la primera por un tema: la narcopolicía. La diferencia, en esta oportunidad, es que se dio tras la visita del ministro de Seguridad, Hernán Martel, a la comisión de Asuntos Constitucionales donde no asistieron los diputados opositores. En este marco, el interbloque de Juntos por el Cambio insistió que el funcionario debería dar respuestas en el recinto mientras que el oficialismo le contestaba que hubiesen asistido a la comisión.

Puntapié 
Los chispazos ya se dieron en la previa al análisis de dos proyectos enviados por el Ejecutivo. Tras aprobarse la versión taquigráfica de la sesión anterior, el presidente del bloque radical, Víctor Luna, señaló que “nos han venido invitando a analizar la versión taquigráfica (en alusión a la invitación a Martel) que hace un minuto se aprueba. Recién tiene validez jurídica”.  
Esas palabras hicieron eco en el oficialista Augusto Barros, quien indicó que “fue aprobada sin observaciones”. Además, destacó que en contables oportunidades se requirió la versión taquigráfica “por organismos aún sin estar aprobada”.
Pasó con una advertencia de la presidenta del cuerpo, Cecilia Guerrero. La diputada les señaló que la discusión se iba a dar después de desarrollada la orden del día. 

Tras analizar dos proyectos, se retomó el tema. Luna se encargó de hacerlo. Señaló que se busca una sesión especial con el ministro “para que nos explicase sobre diferentes temas”. “La desvirtuación que se hace, de que queríamos montar un circo, no es así”, refutó.

También recordó cuando se citó a la exfuncionaria Marta Torres de Mansilla en medio de un periodo de extraordinarias. No fue antojadizo remontarse a ese 2008. Es que Luna rescató quiénes fueron los que solicitaron esa sesión especial: “Miguel Figueroa Vicario, Raúl Jalil, Verónica Mercado, Jorge Moreno, Gustavo Saadi, Fidel Sáenz y Nicolás Verón, entre otros”.
Además, anticipó que hoy iba a asistir al juzgado federal para conocer el estado de “lo que me tiraron por debajo de la puerta, donde con nombre y apellido de varios funcionarios, algunos en funciones en la actualidad, estaban vinculados a esta cuestión” (narcotráfico).

Así, remarcó que el bloque radical “está presto, cuando lo predispongan” a citar al ministro y le pidió al oficialismo que “no se adelanten a sacar ningún decreto”, en relación con el pedido de reconsideración para una sesión especial.
Luego tomó la palabra Tiago Puente. “Estamos sumamente preocupados, atravesamos una crisis institucional sin precedentes”, afirmó para acotar que “no comenzó en la actual gestión”. En este sentido, recordó denuncias que se realizaron contra el exsecretario de Seguridad Marcos Denett para indagar si “fue cómplice o incompetente”. “Reiteramos la necesidad de convocar a Martel”, dijo.

A su turno, la opositora Marita Colombo también se remontó al 2008 para pedir “el mismo trato”. “No queremos circo, queremos el mismo trato”, remarcó. También evaluó que es un argumento forzado “que las versiones taquigráficas son un documento válido pese a no haber sido aprobadas”. 

También participó Luis Lobo Vergara. El diputado expresó que le llamaba la atención que se haya cambiado a todos los investigadores del área de Drogas Peligrosas puesto que “lo que anda bien no se modifica”. “No queremos ser Rosario”, agregó.

Contestación
Una de las primeras réplicas llegó de mano de Analía Brizuela. “Parece que el flagelo de la droga solo les preocupa a unos diputados”, consideró y acotó: “Parece que no estamos hablando de un circo, sino de una actitud caprichosa de traer al ministro al recinto”. 

En tanto, Barros continuó por ese último eje: “Les molesta que se les diga que es un circo o un capricho”. “Dimos una salida institucional legalmente válida y si no fueron a la comisión por la versión taquigráfica, es medio blando el argumento porque hay cosas más importantes en juego”, resaltó.

Al oficialista le continuó el exintendente Alejandro Páez con una alocución un tanto curiosa. Es que, según expresó, Barros “me dijo que habían hecho bien la jugada porque no iba a permitir que los matutinos llenaran las tapas al día siguiente”. También señaló que “la negativa a una sesión especial crea suspicacias”. 

“Es mentira que este diputado haya expresado esa frase. En ningún momento hablé o pronuncié algo sobre ‘alguna jugada’”, respondió Barros.

Posteriormente, Guerrero bajó de la presidencia para emitir su opinión. Lamentó que la oposición haya calificado de cómplice o incompetente a un funcionario y destacó que “hasta la fecha, ese funcionario no ha sido requerido por la Justicia en ninguna causa vinculada al narcotráfico”. “Nosotros no encubrimos ni escondemos a nadie, bajo ninguna circunstancia y de ninguna manera”, recalcó la diputada.

Además, deslizó que los opositores “tendrán que hacerse responsables de las consecuencias de sus dichos porque estoy dispuesta a exigir la reparación del daño que me causan con imputaciones que fueron hechas públicas”, en clara alusión a que se endilgó “encubrimiento” a los diputados del oficialismo.

Malestar de Víctor Luna y Marita Colombo

Hubo en la sesión dos claros momentos de malestar en los diputados opositores Víctor Luna y Marita Colombo. El presidente del bloque radical se quejó luego de que Guerrero haya expresado sus palabras. “La presidenta cierra el debate como si fuera la presidenta del bloque”, dijo.
El caso de Colombo fue más duro. La diputada se molestó cuando se leyó quiénes firmaron el despacho de comisión del proyecto de Vialidad Provincial. Dijo que era una falta de respeto, “una chicana política” y Guerrero no era digna “de estar sentada ahí”.  
 

Por mayoría, aprobaron los cambios a las leyes del IPV y de Vialidad Provincial

En la sesión de ayer, el bloque del Frente de Todos junto al unipersonal Consenso Federal, dieron media sanción a los proyectos que envió el Ejecutivo respecto a las modificaciones en las leyes del Instituto Provincial de la Vivienda y de Vialidad Provincial.
El interbloque opositor de Juntos por el Cambio con el unipersonal de Unidad Ciudadana no acompañó ninguno de las dos iniciativas ya que sostuvieron que los ministros (de la Vivienda por una parte y de Infraestructura por la otra) no podían ser jueces y parte. Sucede que, ambos funcionarios tendrán el lugar de director dentro de la conducción de los organismos. Además, para los opositores, esto implica que se elimina la “doble instancia” cuando se produce un planteo recursivo. 
Para el bloque del Frente de Todos, era todo lo contrario. Se remarcó que los organismos no perdían la autarquía, que los ministros podían cumplir con ambas funciones y que de ninguna manera se violaba el principio de doble instancia: “La objeción de la oposición queda zanjada porque nuestro ordenamiento administrativo lo contempla”. 
 

“No se modifican las  condiciones laborales”

Tras la media sanción, el ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz afirmó que “la medida viene sin dudas a perfeccionar el funcionamiento del organismo, de lo cual nos vamos a encargar con mucho trabajo y con los mejores profesionales”.
“La media sanción posibilita que se unifique la representación legal y política de dos organismos que, hasta ahora, realizaban las mismas tareas sin una vinculación que haga verdaderamente eficiente la inversión de recursos”, agregó el titular de la cartera habitacional.

Así, resaltó que “dicha unificación no modifica las condiciones de trabajo ni los derechos adquiridos por los trabajadores del IPV, así como tampoco se verá afectada la autonomía del organismo”.