El normalizador del Sindicato del Personal de Vialidad Provincial de la provincia de Catamarca, Pablo Vega, presentó ayer ante la Corte de Justicia una acción de amparo con una medida cautelar de no innovar en contra del decreto que emitió el Ejecutivo y por el cual modifica la ley que rige al personal de la dirección de Vialidad Provincial. Además, les pide a los ministros que habiliten la feria.   

En la presentación recusa a la cortesana Vilma Juana Molina, “quien detenta un parentesco en grado directo con el diputado provincial Isauro Molina, quien a su vez es parte de la estructura política del Poder Ejecutivo” y al ministro Carlos Miguel Figueroa Vicario, “quien ostenta una manifiesta pertenencia política al sector del actual Gobierno provincial al haber sido diputado por la misma fuerza política y asesor General de Gobierno; además de contar con una relación directa de amistad con numerosos miembros del Poder Ejecutivo”. 

En el escrito señala que la acción de amparo contra el Estado provincial es en defensa de los derechos consagrados por los artículos 14 y 18 de la Constitución Nacional. Por ello le solicita al máximo tribunal de Justicia que declare la ilegalidad e inaplicabilidad por inconstitucionalidad del Decreto Nº 637. Este instrumento es el que modifica artículos de la ley número 1864 por la cual se establece que el personal de la dirección provincial de vialidad se regirá por las disposiciones de la ley n° 20.320, es decir, el estatuto escalafón para los agentes viales provinciales, derogando con ello la ley 4505.

Sucede que, para el sindicato, esto implica “un gravamen irreparable a los trabajadores que prestan servicios en dicho organismo”.

Así, explica que con la normativa 1864 se determinó la creación, estructura y funcionamiento de la VP otorgándole el carácter de ente autárquico de derecho público. “Esta norma en el marco de la exigencia a nivel nacional de contar con dicha estructura estatal para percibir de esa forma fondos nacionales de carácter específico”, puntualiza.

Así, observa que el decreto del Ejecutivo “pretende buscar en la creación del ministerio de Obras Publicas el argumento para sustentar que la ley 1864 ‘resulta incompatible con la política de reducción del gasto público (sic)’; sin embargo,  cuando se envió a la Legislatura el proyecto de ley para crear dicho Ministerio no incluyó esta modificación y no se interpreta en qué manera se genera una reducción del gasto”.

Incluso señala la conformación de “un Directorio, cuyo presidente será el ministro de Infraestructura y Obras Civiles, logrando así una mayor coordinación, economicidad y eficiencia en materia de políticas viales (sic)”, es evidentemente arbitrario puesto que transforma la autarquía que le da la ley a VP en letra muerta. “Esto es así porque deja de tener la autonomía que es la esencia jurídica”, acota.