Finalmente, y luego de los planteos en contra desde la oposición a más de una decena de decretos del Ejecutivo, la cámara baja ratificó ayer los instrumentos que envió el Gobierno. Si bien gran parte de esos 11 decretos tuvieron el visto bueno de los diputados del bloque oficialista y de un bloque unipersonal, la oposición acompañó en tres. Al resto los rechazó.
En el inicio de la sesión el primer punto fue determinar cómo se avanzaba. Sucede que por una parte la mayoría emitió un despacho de comisión que englobaba los decretos, y por la otra, por la minoría, 10 despachos únicos.

El diputado Augusto Barros fue el encargado de fundamentar por el lado del oficialismo. Remarcó que los decretos “son constitucionalmente válidos” y recordó que en la gestión de gobierno del 2011 hubo un decreto que “nunca fue remitido a la Legislatura”. También llevó a colación el decreto que modificaba el presupuesto “para luego trasladar más de 5000 trabajadores a planta permanente”. 

Luego, el diputado opositor Francisco Monti rescató los encuentros con el Gobierno para acotar que “ninguno de los decretos fue acordado en las distintas reuniones, ni siquiera planteado”. El legislador se enfocó en el punto de que los decretos debían ser transitorios pero que la Provincia los volvió permanentes.

En un momento, la opositora Juana Fernández indicó que se reservaba “el derecho de presentar ante la Corte de Justicia el correspondiente conflicto de poderes”.

Por su parte, el diputado Ramón Figueroa Castellanos contrastó que “los despachos marcan una diferencia: cuando el Gobernador plantea la reforma del Estado, desde nuestro bloque interpretamos que había una mirada global y da la impresión que la oposición tuvo una mirada parcializada”.

A su turno, Marita Colombo, consideró que “fue tan burda la avanzada con la derogación a la ley de Regalías que tuvo que venir Lucía Corpacci a garantizar cuestiones”. “No nos endilguen a nosotros la responsabilidad por no levantar a tiempo la voz por estos excesos”, apuntó al oficialismo, para acotar que el gobierno “no va por los trabajadores, van por las riquezas de Catamarca”.

Por su parte, Luis Lobo Vergara indicó que “nadie niega las facultades constitucionales” del Ejecutivo con los decretos, pero criticó que “no puede ser presidente de un ente autárquico un ministro del Ejecutivo”, señalando al IPV y a Vialidad Provincial. 
Posteriormente la presidenta de la cámara, Cecilia Guerrero, rescató que la oposición reconocía la atribución constitucional de los decretos por el artículo 184. “Si tanto les molestó ese artículo, todas las fuerzas políticas han tenido la posibilidad de propiciar la reforma de la Constitución y sin embargo, sistemáticamente, la principal oposición parlamentaria se negó a hacerlo”, dijo. 
Así las cosas, el diputado Víctor Luna comentó que el primero de mayo el Gobernador expresaba que había hablado con la oposición sobre la movilidad laboral “pero faltaba a la verdad”. “Nunca se habló de ese tema, ni siquiera conocíamos un borrador o un texto”, dijo, para sostener que “más allá de que sean legítimos, legales, no es la forma”.

Cerró el debate el presidente del bloque oficialista, Marcelo Múrua, rescatando precisamente que el oficialismo y la oposición hablaron sobre lo mismo: “La legalidad y legitimidad de los decretos”.

El exintendente Páez aseguró que en Andalgalá “no hay una ordenanza que prohíba la minería”

En un momento de la sesión, el exintendente de Andalgalá y actual diputado radical, Alejandro Páez, tomó la palabra de uno de sus pares que aludió a los concejales, puesto que “dijo que votaron una ordenanza antiminera”. En este sentido afirmó que  “no hay una ordenanza que prohíba la minería, ya que el instrumento solo hace referencia al resguardo de la cuenca hídrica del río Andalgalá”.