En la última sesión de la cámara baja, los diputados del oficialismo con el acompañamiento de un bloque unipersonal aprobaron que el miércoles venidero se le dé tratamiento al proyecto enviado por el Ejecutivo sobre la nueva distribución de regalías mineras, iniciativa que ya tiene despacho de comisión.

La moción la realizó el legislador Augusto Barros (Frente de Todos). Antes de iniciar el estudio a los proyectos incluidos en el orden del día, pidió tratamiento preferencial para la próxima sesión al expediente 154. Es decir, el de la nueva ley de distribución de regalías mineras. A la vez, pidió que se trate otro proyecto: el de la oficialización de la bandera representativa de El Alto.
Con el acompañamiento de todo el bloque oficialista más un bloque unipersonal, se aprobó la moción con lo cual se encamina la iniciativa. 

Luego tomó la palabra el opositor Francisco Monti (UCR - Juntos por el Cambio)  quien consideró que “hubiese sigo mejor que se vote por separado” cada proyecto. A la vez y, a sabiendas de que los números no daban, apuró al oficialismo con otra solicitud  de tratamiento preferencial para la próxima sesión ordinaria. Pidió que se trate el requerimiento de  juicio político impulsado por el abogado Eduardo Andrada contra los ministros de la Corte, Ricardo Cáceres y Amelia Sesto de Leiva, el cual también tiene despachos de comisión. El opositor también solicitó tratamiento a la oficialización de la bandera de Ancasti. Lógicamente, el primero de los planteos fue rechazado mientras que el segundo avanzó.
 

Capacitación obligatoria en perspectiva de género dentro de los partidos políticos 

Ayer se dio media sanción a un proyecto de la presidenta de la cámara, Cecilia Guerrero. La diputada propuso que los partidos políticos reconocidos por la Justicia Electoral provincial implementen programas de capacitación en perspectiva de género de forma obligatoria, destinados a todos sus cuadros de conducción, dirigentes y militantes. Al tomar la palabra, la legisladora rescató la ley Micaela y apuntó que “de nada valen los avances normativos obtenidos a partir de las luchas feministas, si los partidos políticos, que tienen el monopolio de la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, continúan resistiendo el acceso de las mujeres a niveles de decisión política, y si quienes llegan a ocupar representaciones institucionales, carecen de la necesaria formación en perspectiva de género”.