Continúa la polémica por el costo que demandó para el Estado la producción audiovisual sobre el Himno Nacional Argentino versión andina y que fuese grabado en el Campo de Piedra Pómez (Antofagasta de la Sierra). De acuerdo a la documentación a la que accedió este medio, hasta el momento, el costo de la producción asciende a $1.142.633.

Dentro de ese monto existe una particularidad. Una sola empresa  lleva facturado al Estado 750.050 pesos. Se trata de la firma Sayani Producciones, firma que de acuerdo a los datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos  (AFIP) pertenece a Marta Ahumada, quien a la vez es familiar directa del músico Juan Ignacio Molina.

Según el registro de la AFIP, Sayani está inscripta para realizar tres tipos de actividades: la producción de espectáculos teatrales y musicales, servicios de representación e intermediación de artistas y modelos y, finalmente, venta al por menor de productos alimenticios. 

En dicha inscripción figura la dirección comercial que, para el caso, es en Fray Mamerto Esquiú. Esos datos fueron utilizados para contrastar con los publicados no solo dentro del boletín oficial sino también de facturación. En este sentido, el año pasado la secretaría de Cultura adjudicó la contratación directa a quien figura como titular de la firma con un monto de 630.050 pesos. Ello en concepto de servicio de actuación de orquesta.

Por otra parte, surgió una factura de la secretaría de Turismo pagándole a Sayani Producciones 120.000 pesos. En el detalle se especifica que el servicio fue para la producción artística y audiovisual, incluido servicio de sonido, escenario y pantalla, en el departamento puneño.

En este marco, cabe señalar que  el diputado opositor Tiago Puente (UCR-Juntos por el Cambio) ya le pidió informe al ministerio de Cultura y Turismo consultando el costo del Himno “Andino” y, a la vez, “si otras dependencias del Estado han colaborado económicamente para llevar adelante este proyecto”.

A la vez, pidió un detalle de los gastos que demandaron la realización de la producción audiovisual preguntando “a qué persona física o jurídica se facturó, erogaciones a los artistas y si Juan Ignacio Molina (director de la orquesta) era funcionario provincial al momento de la concreción del proyecto junto al detalle de si recibió alguna remuneración por ello”.

A este pedido de informe el legislador le sumó otros más. Sucede que el músico Molina, en un descargo a través de las redes sociales donde aseguraba que envió una carta documento al profesor Mario Toro, instándolo a que se retracte por sus expresiones, mencionó que la producción fue posible gracias a los aportes de la secretaría de Ambiente, el ministerio de Educación, la secretaría de Turismo, el canal estatal y la secretaría de Cultura.