El Gobierno nacional prorrogó por 180 días el congelamiento de tarifas previsto por la Ley de Solidaridad aprobada en diciembre del año pasado y a la vez, amplió de tres a seis las facturas impagas que un usuario considerado vulnerable podrá acumular sin que la empresa de servicios públicos pueda interrumpir el suministro. 

Nación tomó la determinación, en el marco de la emergencia que rige por el Covid-19, a través del decreto 543/20 publicado ayer en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández y de los integrantes del Gabinete.

La suspensión o corte de los respectivos servicios abarca a las prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital.

La normativa establece que dichas empresas “no podrán disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a los usuarios en caso de mora o falta de pago de hasta seis facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1 de marzo de 2020”.

Entre los considerandos del decreto presidencial se destaca que “la continuidad de la prestación de los servicios públicos comprendidos en la medida, sobre todo en los sectores de mayor vulnerabilidad o en aquellos sectores gravemente afectados en su economía por la pandemia, cobra vital importancia en las condiciones de aislamiento establecidas”.

A la vez, el instrumento hace hincapié en “las necesidades de la población para acceder a los servicios básicos que aseguran mínimas condiciones sanitarias, para comunicarse con los servicios de emergencia, para obtener información en materia de salud y para conocer las disposiciones de gobierno”, resaltando la importancia de contar con esos servicios.