El Poder Judicial es uno de los más cuestionados de los tres poderes del Estado en cuanto a la falta de publicidad de sus actos públicos y el manejo de los fondos.

En este sentido, desde el Colegio de Abogados apuntaron a la Corte por su falta de transparencia. Para dar muestra de ello, la presidenta de la institución, Fernanda Rosales, mencionó: “Nos enteremos por redes sociales que supuestamente hubo concursos dentro del Poder Judicial para el acceso de cargos que se produjeron en marzo”.

La letrada, en diálogo con La Brújula, valoró que la Legislatura avance con sanciones a iniciativas vinculadas a dotar de herramientas tecnológicas y virtuales al Poder Judicial. La puesta en marcha de ello implicará el desembolso de fondos. Sobre este eje, Rosales recordó que desde el Colegio se plantea que “los presupuestos son para todo, en nuestra vida cotidiana, en las instituciones, en los poderes del Estado, son finitos y tienen un límite”.

En este orden de ideas, señaló: “Ahora, lo que tenemos revisar y que todos los ciudadanos deben tener la posibilidad de revisar, es  en qué se gasta ese presupuesto finito, cuáles son las prioridades en las que se están utilizando esos recursos”.

En otras palabras, aludió a la transparencia de la cabeza del sistema de justicia en Catamarca: la Corte. “No hay transparencia en la Corte”, aseguró la presidenta del Colegio. En este sentido, explicó que “el poder Judicial, como todos los poderes del Estado, debería publicitar cuáles son sus contrataciones y cómo contrata y elige a sus empleados”.

Rosales deslizó: “Nos enteremos por redes sociales que supuestamente hubo concursos dentro del Poder Judicial para el acceso de cargos que se produjeron en marzo y, sinceramente, salvo los que lleva a cabo el Consejo de la Magistratura, que tiene que ver con jueces y fiscales, el resto de las contrataciones no se publicitan”.

La letrada defendió la necesidad de que el máximo tribunal de justicia ofrezca información puesto que “no sabemos cuáles son las prioridades sobre alquileres, compras, contrataciones y licitaciones y procesos sancionatorios a los empleados. Todo eso debería ser publicitado, y ni que hablar de los fallos de la Corte y los demás tribunales provinciales”, agregó.

“Si el concurso existe como proceso de selección, no sabemos cómo se podrán enterar los abogados o aspirantes al cargo de que pueden ingresar”, continuó la abogada.

Incluso rescató que ante esos planteos, la respuesta que obtienen “es que está en la página web de la Corte, pero cualquiera que entre puede ver cuál es la información que hay y el alcance que tiene, que no satisface los estándares que debería tener la información pública”.

Otra de las respuestas que obtienen ante los planteos, según dijo, es que directamente se consulte al Tribunal de Cuentas. “Esa no puede ser una respuesta de parte de un funcionario público, que tiene la obligación de informar, no es algo que pueden decidir hacer o no”, dijo Rosales.

Suspensión de la feria

Por otra parte, la presidenta del colegio que aglutina a los profesionales del derecho ratificó que la institución ya pidió la suspensión de la feria judicial.

Sucede que, ante “el parate del Poder Judicial de 60 días implica por parte del sistema un esfuerzo extraordinario para poder llevar respuestas a la sociedad”.

“Hay mucha gente que por 60 días vio cercenada su posibilidad de acceder a exigir sus derechos y que los procesos en curso se resuelvan”, expresó.

Rosales aclaró que el planteo no es en contra de los empleados y funcionarios, sino que “la sociedad merece de nosotros otro tipo de actitudes” en cuanto al servicio de justicia.