Otros de los proyectos presentados por el diputado del Frente de Todos, Augusto Barros, esta vez junto a su par de bancada, Isauro Molina; es el referido a la creación de la Agencia Reguladora, Fiscalizadora y de Protección de Consumidores y Usuarios de Servicios Públicos (Arcos), que busca reemplazar al ENRE.

En los fundamentos, Barros y Molina señalan que la ley provincial 4836 que crea el ENRE, (sancionada con fecha 22/03/95) en su art. 3 establece un límite jurídico expreso a la existencia del organismo y consecuentemente, a sus atribuciones, las que consistían en el ejercicio del poder de policía sobre los servicios públicos “privatizados”, los que se encontraban en cabeza de dos empresas: “Edecat S.A.” y “Aguas del Valle S.A”, ambas vinculadas con la provincia a través de contratos de concesión. 
Luego recuerdan que en el 2008 la provincia tomó a su cargo la prestación de los servicios de agua potable y cloacas; y que en el 2012 se creó la empresa “Energía de Catamarca Sapem.”, que tiene actualmente a su cargo la prestación de energía eléctrica en todo el territorio provincial. 

“Mediante el presente proyecto se pretende, por un lado, derogar la Ley N° 4836 de creación del Ente Regulador de Servicios Públicos y otras concesiones (ENRE), y por el otro, instituir una Agencia que tenga a su cargo la protección de los derechos correspondientes al universo de usuarios de servicios públicos y consumidores de bienes y servicios de la provincia”, señalan. 
Además, puntualizan que “no cabe duda de que este proyecto de ley garantiza a los usuarios y consumidores catamarqueños un salto de calidad en el goce de la protección de sus derechos en las relaciones de consumo”.

En lo que es el articulado, sobre el objeto del proyecto, los legisladores que “establece las bases legales para regular, fiscalizar y controlar la prestación de los servicios públicos, concesionados o no, y proveer a la defensa del consumidor y del usuario”. Además, que Arcos será una entidad autárquica  en el orden administrativo y financiero y que ejercerá control de los servicios públicos. 

La nueva agencia tendrá un director por cinco años y podrá ser reelegido una sola vez, al igual que los dos directores que se designen. 

En cuanto a las funciones, Arcos podrá ejercer las facultades de inspección y el control del cumplimiento de las obligaciones derivadas de los títulos habilitantes de los prestadores y de los servicios que éstos presten a los usuarios, aprobar los cuadros tarifarios, sus modificaciones, revisiones y ajustes y los precios a cargo de los prestadores de los servicios públicos, de acuerdo con sus títulos habilitantes; establecer los procedimientos de Audiencias Públicas, entre otras.

En cuanto al patrimonio de la agencia, el mismo estará constituido, por ejemplo, con el Arancel por homologación y la tasa de fiscalización y control; el producido de las multas y decomisos. Sobre el destino de los agentes, en el proyecto se expresa que el Poder Ejecutivo Provincial determinará el destino de los agentes que se desempeñan en el ENRE y en la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor, cualquiera sea su nivel jerárquico, priorizando que los mismos sean destinados a satisfacer las necesidades de funcionamiento de la Arcos.