Veo con una gran preocupación la avanzada sin precedentes sobre la división de poderes que, de un día para el otro, está llevando a cabo el oficialismo en la provincia de Catamarca. Con la fuerza del número en la Legislatura, se aprobó prácticamente a libro cerrado un proyecto que elimina de cuajo al Consejo de la Magistratura, un organismo que funcionó durante los últimos 20 años -sin que nadie cuestionara su validez- para evaluar a los aspirantes a los cargos dentro del Poder Judicial, mediante concursos abiertos y públicos. 
Ahora, se da marcha atrás y nuestra provincia retrocede tres décadas en lo que hace a la calidad democrática, para otorgarle sólo a la voluntad del gobernador la potestad de designar a los jueces que de ahora en adelante deberán impartir Justicia –demás está decir que el Senado funciona como una escribanía-. 
A este sorpresivo golpe, se suma además el injustificado incremento del número de jueces de la Corte de Justicia provincial, que pasará de tener cinco miembros, a siete. Cabe señalar que ya durante el gobierno de Lucía Corpacci, se produjo un incremento de cortesanos –de tres a cinco-. Todo esto hiede a una maniobra tendiente a socavar la independencia de la justicia local y mantener bajo el control del Poder Ejecutivo a la gran mayoría de los jueces de la provincia. 
Es, sin lugar a dudas, una sentencia de muerte para la institucionalidad provincial. Y llama poderosamente la atención que el oficialismo ni siquiera haya abierto el diálogo con la oposición para avanzar en cambios tan significativos -que impactarán en la calidad de vida de los catamarqueños de aquí en adelante-, como lo indica la sana práctica democrática que debería prevalecer. 
La justicia provincial viene muy golpeada. Como ocurre en todo el país, está teñida de sospechas graves; adolece de un atraso tecnológico preocupante; la mora en la resolución de casos es moneda corriente y sólo parece enfocada en descargar todo su poder sobre los sectores más vulnerables de la sociedad. Pero ello no justifica el avance que pretende ahora el gobierno de la provincia que, insisto, va en camino a debilitar su independencia, lo que le abrirá la puerta a la impunidad. ¿Cuál es la urgencia de tamaña reforma?
Y tengo el profundo temor que todo esto, con la gravedad que representa, no se más que un experimento, la antesala de maniobras similares por parte del Poder Ejecutivo Nacional, que viene dando muestras de despotismo disimulado por la cuarentena que pretende mantener a los ciudadanos aislados de las medidas de gobierno. 

Rubén Manzi
Diputado Nacional