Dentro del mundillo político, especialmente desde la oposición, siguen los ecos respecto a lo que fue la aprobación de las leyes por parte del oficialismo que modifica la cantidad de jueces en la Corte de Justicia y la eliminación del Consejo de la Magistratura.
Mediante una  carta enviada al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, el arco opositor solicita que “nos dirigimos a usted a fin de que tenga a bien utilizar los mecanismos constitucionales previstos en el artículo 149 – inc. 3º - de la Constitución Provincial”, el cual refiere que el Gobernador puede “ejercer el derecho de veto” de las leyes. 
“Razones de peso no faltan para justificar lo peticionado, puesto que, en primer lugar, la ampliación de la Corte en dos nuevos miembros sin el más mínimo debate previo y constructivo, al margen de toda evaluación técnica seria sobre su pertinencia”, señalan. 
Agregando que la norma no obedece a ninguna necesidad pública, ni lo demanda la sociedad; tampoco redundará en un incremento de la calidad en la administración de justicia. 
Mencionando que tampoco producirá estos cambios “un incremento en la calidad de los miembros de la alta magistratura provincial y sus sentencias, puesto que tal objetivo solamente se consigue mediante un procedimiento de selección, capacitación, evaluación y remoción de los mismos que asegure la idoneidad, el mérito, la independencia y la imparcialidad de los magistrados y la autonomía funcional y presupuestaria del Poder Judicial, extremos todos ellos ajenos a los objetivos y resultados esperables de semejante proyecto”.
En cuanto a la eliminación del  Consejo de la Magistratura, mencionan que “representa un claro atropello a la independencia judicial” ya que elimina el procedimiento del concurso público para designar jueces, lo cual, según explican, “conlleva el riesgo de incorporaciones discrecionales y eventualmente arbitrarias, con el consecuente deterioro de la calidad del servicio de justicia y de la confianza y respeto que tan altas magistraturas deben inspirar en la ciudadanía”. Luego, expresan que “advertirá usted entonces la gravedad institucional generada por una ley sancionada, lo cual ha derivado en una severa preocupación en la ciudadanía, quien teme que sus derechos y libertades se vean afectadas”.  
“Instamos a una respetuosa invitación a la reflexión y actuación conforme a Derecho y a velar por el respeto de la institucionalidad, por quien inviste las más altas funciones y responsabilidades decisorias en la Provincia y en pos de la construcción de una mejor sociedad, con mejores instituciones, al igual que un firme compromiso por parte de los firmantes de ponerse a disposición para colaborar en una legítima y eficaz reforma del Poder Judicial, para una mejor convivencia pacífica de todos los catamarqueños”, finalizaron. 

Los firmantes 
Esta misiva entregada al Primer Mandatario provincial lleva la firma, entre otros, de los diputados nacionales, Eduardo Brizuela del Moral y Rubén Manzi; el exintendente  de la Capital, Ricardo Gaspar Guzmán; Horacio Pernasetti, Guillermo “Kilo” Herrera, Augusto Cesar Acuña, Enrique Luis Cesarini, Miguel Ángel Vázquez Sastre, Raúl Esteban Giné, Jorge Gustavo Sosa, Fernando Augusto Navarro, Alicia Paz de la Quintana, Francisco Monti, Carlos Antonio Marsilli, Javier Silva, Paola Bazán, José “Chichi” Sosa, Omar Noriega, Verónica Rodríguez Calascibetta, Marta Grimaux de Blanco, “Kiki” Olveira, Silvana Carrizo.