Por José Alberto Furque (*)

En una república, no existen ni deben existir cargos vitalicios. Eternizarse en una función judicial para lucrar y enriquecerse ilegalmente, utilizando un proceso objetivamente fraudulento acordado con miembros de la misma corporación judicial en un indecoroso “toma y daca”, constituye un verdadero “golpe de estado” de un poder, para pervertir y destruir el sistema, y lo que es más grave, provocando un irreparable daño a la incipiente cultura democrática, que debe fundarse en actos y en conductas honestas y transparentes de los dirigentes políticos y sociales.
Muchos que fueron cómplices de esa tergiversación institucional guardaron silencio, consintieron y utilizaron la grave corrupción del sistema en su provecho, y hoy, en una grotesca impostación, se rasgan las vestiduras invocando la república, cuando se pone en el tapete de la consideración pública esta vergonzosa degradación de la legalidad constitucional, entronizada en la cabeza misma del Poder en el que recae nada más ni nada menos que la facultad constitucional de juzgar las conductas, los actos y hechos de los ciudadanos, y de los otros poderes del Estado en situaciones de conflicto entre sí y con los particulares.

Hipócrita defensa

Por esto, era y es insostenible -jurídica y éticamente- la postura de aquellos que hipócritamente se oponen al juicio político, correcta y legítimamente promovido en la Cámara de Diputados, que debe actuar como Tribunal acusador ante el Senado de la Provincia, en contra de los funcionarios que habían bastardeado la Constitución  propiciando la violación de los arts. 168 y 195, que impiden a jubilados ocupar cargos en la administración del Estado, y fija un límite de 65 años para el ejercicio de la función judicial; subvirtiendo así el orden republicano que establece aquélla.

Ese “blindaje y protección por razones partidarias mal entendidas” de los hoy Diputados de la oposición no es otra cosa que complicidad en la corrupción y alteración del sistema, y grotesca pantalla para intentar hacer creer a la opinión pública que los Sres. JOSÉ RICARDO CÁCERES, AMELIA SESTO DE LEIVA, Ministros de la Corte; y  ERNESTO E. LILLJEDAHL, Procurador de la misma, son dignísimos funcionarios cuyos desempeños se ajustan estrictamente a la Constitución y a la Ley, cuando utilizaron de consuno una trapisonda jurídico procesal para convertirse en funcionarios vitalicios, y así, con guantes blancos, enriquecerse ilícitamente percibiendo abultadísimas remuneraciones durante años que no podían éticamente percibir, y al propio tiempo, proteger o preservar a sus parientes y amigos, en los variados y diferentes temas en los que les tocara intervenir.

Del video y las coimas

Justamente por esto, en una nota anterior -“Algo Olía y Huele Mal en la Justicia”- sostuve que la suciedad que destapaba el video en el que aparecen dos altos magistrados recibiendo una coima era solo la punta del iceberg, ya que la podredumbre era estructural y de vieja data; y se originaba en la cabeza del Poder Judicial, desde donde descendía a los estratos inferiores en el marco de un esquema corporativo de protección recíproca, que imponía una limpieza a fondo para recomponer la credibilidad en la Justicia y en la República. Obviamente que la ampliación de los miembros de la Corte de cinco a siete de poco servirá en el esquema estructural de corrupción y degradación del sistema, que cualquier ciudadano medianamente informado puede advertir.
Con esto quiero decir que aun destituyéndose a los dos camaristas implicados en el aludido video que se expandió y viralizó por las redes, no alcanza para mejorar la justicia; como que, el Consejo de la Magistratura -organismo notoriamente inconstitucional, cuyo carácter señaló y reconoció paradojalmente el Ministro vitalicio José R. Cáceres, desenmascarando a quienes hoy se exhiben como sus defensores, y también de la república y de la democracia- no sirvió para frenar y desmontar la corrupción institucional, y que en grado mayor alcanzaba a otros Magistrados que fueron cómplices directos en la maniobra urdida para perpetuarse en sus cargos y enriquecerse con las altas remuneraciones ilegalmente percibidas, a tres de los máximos representantes de nuestra “Justicia”, tal como se denunció, hace ya más varios años.
Y, dicho sea de paso, no debemos olvidar que incluso la Asociación de Magistrados, conociendo esta corrupción estructural y endémica, miró siempre para otro lado, velando únicamente por sus intereses crematísticos y no por el mejoramiento real de la JUSTICIA.

El senador vitalicio

La Corte conformada por los Sres. Cáceres, Sesto de Leiva y Cippitelli se sostuvo y mantuvo -previo doble “juramento” de los dos primeros, ya jubilados con más de 65 años de edad- porque a través de ella, desde hacía más de veinte (20) años, por vía de las facultades hegemónicas de control y de superintendencia, permitió que la Justicia Penal no investigara hechos de muy grave corrupción -desde la triangulación de fondos de los bancos Extrader y Feigein y el vaciamiento del entonces Banco de Catamarca- durante la Gobernación de quien reviste el carácter de “funcionario vitalicio”, y que vivió y vive del Estado y de los negocios que realiza como tal. Es el mismo “distinguido Senador” por Catamarca que despidió como a un gran compañero y presidente del Cuerpo al entonces vicepresidente Amado Boudou, con quien sin duda hacía muy buenos acuerdos. Leer ese vergonzoso discurso de despedida, registrado ya en los anales del Congreso de la Nación, permite calibrar éticamente a quien, y quiénes, aparecen defendiendo a sus homólogos vitalicios Cáceres y Sesto de Leiva. Señalo aquí solo uno de los graves y “grandes hechos de corrupción” de aquel Gobierno que costó, en esa “famosa” triangulación de fondos públicos, algo más de cuatro millones de dólares al erario público. Por esto, el Sr. Oscar Castillo fue premiado con sucesivas reelecciones como Senador por esta Provincia, y seguramente saldrá de aquel “Honorable” Cuerpo con los pies hacia delante.

Dañinas complicidades

A modo de colofón de esta nota, debo señalar la complicidad de los Ministros Cáceres, Sesto de Leiva y Cippitelli con Jueces y Funcionarios inferiores -de ahí la corrupción estructural que lograron montar en más de veinte años de ejercicio hegemónico y abusivo del Poder Judicial- permitieron actos delictivos y de extrema gravedad para el sistema, del entonces Fiscal de Instrucción JUAN PABLO MORALES y de la entonces y actual ASESORA DE MENORES, ALICIA CAROLINA ACUÑA BARRIONUEVO (pariente directa de Cáceres), cuando el día 16/6/2010, mediante C.D. cursada al entonces Presidente de la Corte, Dr. Cippitelli, denuncié con datos y hechos concretos, la conducta inmoral, ilícita y delictiva en el ejercicio de sus funciones por parte de los citados funcionarios, solicitando un urgente sumario. Pues, habían pergeñando en evidente connivencia dolosa todo un proceso penal falso para dañar y desprestigiar. Nada se hizo, cajoneándose la misiva, y concediéndole luego licencia para que fuera DESIGNADO ALTO FUNCIONARIO DEL ESTADO EN EL GOBIERNO DE LA SRA. LUCÍA CORPACCI. 
¿ESTOS SEÑORES PUEDEN SEGUIR SIENDO JUECES DE LA CORTE, MÁS ALLÁ DE LA INMORALIDAD DE LA JUBILACIÓN Y DE LA TRAPISONDA URDIDA PARA SEGUIR GOZANDO ILÍCITAMENTE DEL PODER COMO MINISTROS DEL ALTO TRIBUNAL PROVINCIAL? En otra nota, señalaré la  mugre de aquella Corte de Justicia y el asco que provoca referir tamañas conductas funcionales, y aludir a la “doctrina” que fijaron en monstruosos y delictivos fallos.

(*) Abogado.