Sr. Director:

Deseo aclarar públicamente las expresiones vertidas por el diputado Augusto Barros en vuestro diario, el pasado domingo 19 de julio, en la nota de opinión pagina 4, donde, textualmente, afirma: “Ese tiempo es también aquel en que ‘democráticamente’ impidieron la asunción de los Senadores provinciales y diputados de la oposición, desconociendo el mandato popular, haciendo asumir a los suplentes y jurar anticipada e inconstitucionalmente, un día antes al vicegobernador”. Como se me alude, me veo en la obligación, en honor de la verdad histórica de aquellos hechos, de poner las cosas en su justo lugar.

En primer término, desmiento totalmente esta versión repetida por el diputado aludido y que hace tiempo es difundida por un sector político interesado en desvirtuar y falsear los hechos tal como sucedieron.

Luego del triunfo electoral del Frente Cívico y Social de fines de 1991, las autoridades electas pusieron en marcha los mecanismos institucionales para la conformación de las Cámaras Legislativas y el funcionamiento del nuevo gobierno, entre ellos la citación a los Senadores y Diputados electos para que prestaran juramento y se integrara el Poder Legislativo; los diputados de la oposición se incorporaron normalmente, no así los senadores que no concurrieron a integrar su Cámara ni a la Asamblea Legislativa que debía tomar juramento al Gobernador y Vice electo.

Como los senadores opositores eran mayoría, es evidente que hubo una clara voluntad de obstruir la constitución y funcionamiento del nuevo gobierno. Los senadores rebeldes fueron citados en tres oportunidades, en tiempo razonable, no asistiendo en ninguna de ellas, por lo que, ante la emergencia institucional planteada, y la necesidad de superarla, se procedió a citar a los senadores suplentes, que concurrieron y prestaron juramento, lo que permitió la regular constitución de la Cámara de Senadores y por ende, del Poder Legislativo en su plenitud.

Se miente cuando se afirma irresponsablemente que “se les impidió a los Senadores opositores incorporarse”; ellos se negaron a hacerlo, violando la Constitución y el mandato popular recibido, lo que legitimó la incorporación de los senadores suplentes.
Incluso, tanto la Corte de Justicia local como la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazaron los recursos judiciales que interpusieron los senadores díscolos, avalando el mecanismo institucional a que debió apelarse, para lograr la normalización de la provincia.

El máximo Tribunal de la Nación, en su fallo S.253 XXIV del 4 de octubre de 1994, declaró: “Los recurrentes reconocen que una minoría de senadores podía compeler a los inasistentes en los términos del art. 95 de la Constitución Provincial, pese a lo cual ellos no comparecieron aun cuando fueron formalmente convocados en tres oportunidades. Asimismo, admiten que tampoco concurrieron a hacer aprobar el título y prestar juramento de ley. En tales condiciones, y ante el silencio constitucional respecto del procedimiento a seguir en caso de renuencia reiterada de los candidatos electos a asumir sus funciones, es razonable que el propio Cuerpo haya arbitrado las medidas para constituirse como el poder que la Constitución dispone”.

La diversidad de opiniones es fundamental en un sistema democrático y es natural que el respeto al disenso fortalezca la necesaria convivencia ciudadana, pero de ahí a tergiversar los hechos históricos para conveniencia política de una facción es, a todas luces, inaceptable para una civilizada convivencia política.

Valga también esta aclaración para los jóvenes que no vivieron lo sucedido en aquella época y podrían llegar a tener  una visión equivocada de ella.

Simón Fermín Hernández
DNI Nº 8.413.593