A través de un recurso de amparo, dirigentes de la Coalición Cívica – ARI Catamarca cuestionaron el decreto 641/2020 que prohíbe las reuniones sociales en todo el país. Con el patrocinio del abogado Mariano Manzi, se cuestiona que algunas de las medidas adoptadas por el decreto presidencial "devienen violatorias de numerosos derechos protegidos constitucional y convencionalmente" y son "arbitrarias".

La presentación realizada ante el Juzgado Federal local fue firmada por Daniel Barrionuevo y Rita Andrada, ambos dirigentes del partido a nivel provincial. En el documento se hace hincapié en un "fuerte hiperpresidencialismo" y una "pasividad, como constante, en legisladores que responden disciplinadamente al Ejecutivo". Además, el avance de la tecnología ha permitido sesionar al Congreso y, a partir de ello, "ha cesado el supuesto constitucional que habilita al Poder Ejecutivo a dictar Decretos de Necesidad de Urgencia".

En tal sentido, Manzi señaló que la medida, a la que el gobierno provincial adhirió plenamente, “viola derechos constitucionales fundamentales, por eso estamos presentando este amparo en todas las provincias para que los jueces de la nación pongan las cosas en su lugar”. “Uno puede ir a un bar, a un restorán, puede ir a jugar un partido de fútbol, pero no se puede reunir con la familia, es una cosa bastante contradictoria”, graficó el letrado. 

“¿Por qué es inconstitucional?, primero que viola la división de poderes, ya que el Congreso de la Nación no está suspendido, por lo tanto, debería haber pasado por allí un instrumento en donde el Ejecutivo lo envía y el Congreso lo aprueba o no, pero se hace un decreto de necesidad y urgencia como si no funcionara. Además, hay una irracionalidad en el decreto, porque se habilita a encuentros culturales o religiosos hasta 10 personas, pero no habilita una reunión familiar en una casa particular, como si en una reunión cultural el virus no ingresa, pero en una casa de familia sí. Vemos que hay técnicamente violación a los principios de igualdad, inviolabilidad de los domicilios, intimidad, derecho a reunión, protección de la familia, todos derechos consagrados en la Constitución Nacional”, detalló. 

Y agregó que además que, “hay una cuestión muy grave que es la violación al principio de legalidad en materia penal, porque el decreto remite al artículo 205 del Código Penal, que habla de una represión con prisión a personas que violaren lo dispuesto por autoridades competentes en caso de una pandemia. Se está violentando el principio que dice que nadie puede ser penado sin ley previa anterior al proceso ya que aquí no hay ley previa, sino un decreto presidencial que remite a una norma penal; lo vemos como una gravedad en tiempos de pandemia, de abusos de poder. Por eso hacemos este amparo para dejar sin efecto este decreto y en consecuencia las adhesiones a nivel provincial”. 

Según la acusación, como la medida tomada por el Gobierno no discrimina la situación particular de cada provincia o localidad -algunas de las cuales están libres de casos- representa un "abuso del poder inadmisible que viola derechos y libertades individuales previstos en los artículos 18° (inviolabilidad del domicilio) y 19° (libertad individual y acciones privadas) de la Constitución".

"Se trata de un acto perverso que esconde una finalidad: que no haya expresiones y/o manifestaciones públicas ciudadanas ante el avasallamiento de la Justicia, la búsqueda de impunidad, el cierre de comercios y PYMES, el aumento de la pobreza y el incremento de la inseguridad, principalmente en la provincia de Buenos Aires”, reza el texto.