Ayer, a través de un recurso de amparo, dirigentes de la Coalición Cívica – ARI Catamarca cuestionaron el decreto 641/2020 que prohíbe las reuniones sociales en todo el país, ya que las medidas adoptadas por el decreto presidencial “devienen violatorias de numerosos derechos protegidos constitucional y convencionalmente” y son “arbitrarias”.

La presentación realizada ante el Juzgado Federal de Catamarca fue firmada por Daniel Barrionuevo y Rita Andrada, además de contar con el patrocinio del abogado Mariano Manzi. 

En el documento presentado y según el comunicado de prensa enviado,  se hace hincapié en un “fuerte hiperpresidencialismo” y una “pasividad, como constante, en legisladores que responden disciplinadamente al Ejecutivo”. Además, el avance de la tecnología ha permitido sesionar al Congreso y, a partir de ello, “ha cesado el supuesto constitucional que habilita al Poder Ejecutivo a dictar Decretos de Necesidad de Urgencia”.

En tal sentido, Manzi señaló que la medida, a la que el Gobierno provincial adhirió plenamente, “viola derechos constitucionales fundamentales, por eso estamos presentando este amparo en todas las provincias para que los jueces de la nación pongan las cosas en su lugar”. “Uno puede ir a un bar, a un restorán, puede ir a jugar un partido de fútbol, pero no se puede reunir con la familia, es una cosa bastante contradictoria”, graficó el letrado. 

“¿Por qué es inconstitucional?, primero que viola la división de poderes, ya que el Congreso de la Nación no está suspendido, por lo tanto, debería haber pasado por allí un instrumento en donde el Ejecutivo lo envía y el Congreso lo aprueba o no, pero se hace un decreto de necesidad y urgencia como si no funcionara. Además, hay una irracionalidad en el decreto, porque se habilita a encuentros culturales o religiosos hasta 10 personas, pero no habilita una reunión familiar en una casa particular, como si en una reunión cultural el virus no ingresara”, expresa. 

“Se trata de un acto perverso que esconde una finalidad: que no haya expresiones y/o manifestaciones públicas ciudadanas ante el avasallamiento de la Justicia, la búsqueda de impunidad, el cierre de comercios y Pymes, el aumento de la pobreza y el incremento de la inseguridad, principalmente en la provincia de Buenos Aires”, reza el texto.