Dejando de  lado el  contexto de ponderaciones hacia la gestión de la doctora Lucía Corpacci cuando fue gobernadora de la Provincia, la reconocida abogada y docente Ana Soledad Pais Ahumada tuvo un par de objeciones para quien fuera dos veces primera mandataria. Lo hizo en el marco de la entrevista que todos los domingos propone este diario y en un tramo del reportaje se refirió como “un efecto perjudicial para las instituciones” el hecho de que “no se avanzó en nada ni se resolvió sobre la muerte del ciudadano Diego Pachao, sucedida en el ámbito de la Comisaría Séptima en circunstancias que la institución policial jamás aclaró”. La expresión se suma a nuestros  permanentes desafíos periodísticos “Para que no nos gane el olvido” y “resulta positivo practicar el saludable ejercicio de la buena memoria” en casos que nos tocan de cerca como sociedad y que a la vez nos interpelan cada vez que pasan los días, los meses y los años y la justicia brilla por su ausencia.
Diego Iván Pachao tenía 20 años y murió el 14 de marzo de 2012 en el Hospital San Juan Bautista, donde había ingresados dos días antes en estado de coma desde la comisaría Séptima del barrio Parque América. Han pasado ocho años y la muerte sigue sin esclarecerse, por lo que quien o quienes lo mataron siguen libres y una vez más gana la impunidad. Para sus padres Alejandro Pachao (fallecido en octubre del 2017) y Claudia Véliz, los uniformados de la Séptima son los culpables y siempre los acusaron de “encubrir el asesinato”. Jamás dudaron en pedir juicio y castigo, en el convencimiento de que Diego fue “torturado y muerto en la comisaría”. Hace menos de un mes, se conoció que el juez de Control de Garantías, Ramón Porfirio Acuña, dictó el sobreseimiento de cuatro policías en la causa por la muerte del joven Pachao. ¿Quién o quiénes mataron a Diego Pachao?

*****

Hay otro caso que también siempre tuvo como sospechosos a efectivos policiales y que, pasados 14 años, cuya verdad nunca se supo y, lo que es peor, pasó a engrosar las páginas del olvido. Es el de la niña María Romina Farías Molina. Tenía 13 años y una madrugada del 31 de enero de 2006 fue encontrada violada y asesinada en un descampado de la zona sudeste de la Capital. Era una “chica de la calle” para la policía, que en más de una oportunidad la había subido a un móvil policial para llevarla a las oficinas del Juzgado de Menores para ser devuelta a su casa. Era, en otras palabras, una niña conocida para los efectivos policiales, de manera particular en la zona de la Terminal de Ómnibus, cerca de donde fue encontrado su cuerpo sin vida. A pocos días del horrible crimen, los padres de María Romina recibieron a este periodista en su humilde casita del barrio San Antonio Sud. El “disculpen, no tenemos sillas para invitarlos a sentarse” nos exime de mayores comentarios sobre cómo la pobreza castigaba a la familia. Allí, Marcela y Eduardo, con todo el dolor de papás a los que les arrebataron a su hija de la peor manera, dijeron: “Estamos convencidos de que la policía sabe quiénes mataron a nuestra hija, pero nunca lo van a decir”.
Hace algunos años, nos sentamos a la par de don Alejandro Pachao en el banco que todas las mañanas ocupaba cerca del mástil de plaza 25 de Mayo con su gastado cartel pidiendo justicia por el asesinato de su hijo. No dudó en comentarnos: “Mire, amigo, los de la Séptima mataron a Dieguito, pero entre ellos no se van a acusar”. Sospechas y más sospechas sobre el comportamiento de ciertos efectivos policiales. Dos casos. Dos muertes. Duros golpes a la vida. El valor de la justicia que no aparece por ningún lado y los asesinos siguen en libertad. ¡Ya es hora de que aparezca la verdad!