Opinión

“Cuídate de la ira de los mansos”

lunes, 3 de agosto de 2020 03:00
lunes, 3 de agosto de 2020 03:00

Señor Director:

En mi carácter de abogada litigante del foro de nuestra provincia, me dirijo a Ud. con la finalidad de expresar públicamente, a través de su importante medio de comunicación, mi repudio a las medidas recientemente adoptadas por el Gobierno, titularizadas por el Sr. Gobernador y Legisladores ,que derogan el Consejo de la Magistratura, avasallando la independencia del Poder Judicial y  las garantías para el ejercicio de la profesión de los abogados en nuestro medio.


A través de la Ley N°5651, publicada en el Boletín Oficial, promulgada expresamente por el Poder Ejecutivo, por Decreto N° 1286, la Legislatura Provincial y el Poder Ejecutivo , derogaron la  institución creada  por Ley  N° 5012, que configuró  un hito a favor de la transparencia como presupuesto de la designación  de los magistrados.  


Indiscutiblemente que la abrogación  de dicha entidad  presenta claros signos de inconstitucionalidad. Tal institución ostentaba verdadera jerarquía constitucional-a pesar de haber sido creada por ley- al dar cabal cumplimiento a la manda de la garantía de la División de Poderes y de la Independencia del Poder Judicial, conforme los artículos 1° ,108 y cc.  de la Constitución Nacional y arts.1°,3°,195 y cc. de la Constitución Provincial.


Similar calificación debe asignarse al  Decreto 1306 /2020 del Poder Ejecutivo, que crea una “Comisión Evaluadora” para la selección de aspirantes a magistrados judiciales. 


Potenciando la irregularidad la inexistencia en la  misma de  representantes genuinos del pueblo, como lo son los integrantes del Poder Legislativo, y de interesados directos, el Poder Judicial. 


 Las conductas del Gobierno provincial, comportan un retroceso en la calidad institucional que deben esplender las gestiones gubernamentales, a cuyos representantes la ciudadanía otorga potestades previstas en la Constitución y la legislación vigente.
Tal mandato es conferido para que se concreten  acciones de fortalecimiento  de las instituciones públicas de nuestra provincia, y  no para  su debilitamiento. 


Y cuanto más, cuando se trata  del Poder Judicial, encargado del resguardo de las garantías constitucionales de la comunidad.
Evidentemente que la oposición política estuvo asociada bochornosamente a las medidas gubernamentales, traicionando, en franca coalición  con el partido gobernante.  la voluntad popular.  


Se puede designar de muchos modos las movidas contra la institucionalidad objeto de esta impugnación, pero resultará imposible enmarcarlas en algún parámetro de ética pública, basamento fundacional de toda democracia. 
Por el contrario, se actúa a favor de una manipulación del Poder Judicial, con la evidente pretensión de instituir una Justicia complaciente.


Estas medidas del Gobierno Provincial, traen a la memoria las lamentables  adoptadas por el Gobierno que titularizara el Dr. Ramón Eduardo Saadi, cuando a poco de asumir como Gobernador en el año 1983, decretó la intervención del Colegio de Abogados de la Provincia.


A lo que sumó, entre otras barbaries institucionales, la persecución del  libre ejercicio de  la abogacía, al trasladar a lejanos destinos a abogados del Estado, en clara arremetida contra los sectores no  alineados  con su gestión. 
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en señeros fallos, declaró la inconstitucionalidad de tales acciones  gubernamentales, restableciendo la vigencia de la legalidad írritamente conculcada.


No obstante, la sola sanción de aquéllas resoluciones comportó una disminución de la credibilidad social respecto de las instituciones estatales y en contra de la garantía de Justicia, que es patrimonio de todos los argentinos por el mandato constitucional fundacional de 1853.


Que en sus primeros párrafos instituye el valor, objetivo y principio de  “afianzar la justicia” como uno de los paradigmas del Estado Argentino.   


Porque aquél tipo de intromisión en las instituciones vinculadas al Servicio de Justicia, de las cuales son una réplica las que estamos impugnando a través de esta nota, no sólo conculcan la Constitución desde un punto de vista formal, sino que controvierten y desnaturalizan  la vivencia  de la población sobre la percepción de la democracia como realidad.
Se coadyuva así en definitiva al desmadre del tejido social y al favorecimiento de la confusión e incertidumbre  sobre la importancia y valor de las instituciones estatales  de  la crédula ciudadanía, que apoyó a sus gobernantes con su voto.
Es claro  que no sólo a quien esto escribe, sino a la generalidad de los abogados locales, en forma inmediata a estas acciones estatales, se nos representa el encuadramiento de ellas en las causales de Intervención Federal de los artículos 6 y 5 de la Constitución Nacional, que imponen a las provincias garantizar la forma republicana de gobierno.


Estas conductas son adoptadas por el actual gobierno provincial, a despecho del pasado histórico de Catamarca, que experimentó en Abril del año 1991 la Intervención Federal a los tres poderes del Estado, justamente, por falta de independencia del Poder Judicial y afectación del régimen republicano de gobierno.


Paradigma de enorme trascendencia que debió haber impulsado a todas las administraciones  posteriores de nuestra provincia, y a la actual, a considerar intocables por procedimientos discrecionales y arbitrarios las instituciones del Poder Judicial.
Pero el presente  gobierno decide repudiar esos antecedentes, a pesar que ellos llevaron a un escandaloso naufragio a  sus protagonistas. 


Colapsan así los discursos oficiales de campaña, que utilizan el pretexto de respetar la  independencia de este trascendental poder del Estado y los derechos y garantías individuales que debe resguardar.
Las lecciones de la historia nos enseñan que tarde o temprano, la  historia se cobra, y muchas veces en forma violenta y con grandes perjuicios sociales, las acciones despóticas, autoritarias e injustas con las que los mandatarios de los pueblos se burlan de la voluntad popular.


“Cuídate de la ira de los mansos“, enseña el mandato  bíblico.

Ana Soledad Pais
DNI N° 12796108
Abogada
 

65%
Satisfacción
0%
Esperanza
13%
Bronca
4%
Tristeza
4%
Incertidumbre
13%
Indiferencia

Comentarios

3/8/2020 | 19:28
#4
Eramos pocos y pario la abuela, el personajillo q faltaba. No le dara ni un poquito de pudor o verguenza hablar de imparcialidad y justicia independiente. Es cuanto menos llamativo que hable del 83 y un gobierno democratico pero no haga ni una sola referencia a la dictadura militar y sus socios en catamarca empezando por castillo. Q raro que todos estos fervientes adoradores y facilitadores del frente civico nunca hagan referencia a eso, por que sera?. La excelentisima firmante de tan distinguida, veraz e imparcial nota no habla de como la corte de sus correligionarios violo la constitucion para seguir en sus cargos, no habla de que no hubo ni una sola investigacion a los funcionarios que durante 20 años esquilmaron a la provincia. Desde un supuesto pedestal de superioridad moral nos dan clases de civismo y son lo peor de la dictadura y tambien de la democracia. No hay que darles mayor importancia. No la tienen.
3/8/2020 | 16:00
#3
Que impresentable por Dios, la unica vez que le dijo que no a oscar castillo fue en un asado en Ipizca cuando este ultimo le pregunto si queria mas achuras. Totalmente funcional al frente civico en toda su carrera, llegados al calor de la utilizacion mas vil y asquerosa y con el sentimiento golpista que siempre los caracterizo. Pa que gastar polvora en chimangos con todos estos dinosaurios, dira las mentiras que quiere decir (las de toda la vida) y volvera a su cueva llamada ostracismo.
3/8/2020 | 08:05
#2
La Abogada Ana Soledad País exagera el motivo REAL de la Intervención Federal a Catamarca, que fue transformado en una intromisión del Poder Ejecutivo provincial cuando claramente fue LA NEGATIVA DE RAMÓN SAADI DE FIRMAR LA CONCESIÓN DE LA MINERA ALUMBRERA A LA EMPRESA MUSTO. Mientras tanto, la consulta de una de los Camaristas para pasar a un receso, fue inmediatamente transformado en una componenda para seguir enlodando la conducta de la Justicia de Catamarca. Por otra parte, una Ley no se convierte en CONSTITUCIONAL sino cuando los CONSTITUYENTES lo reconocen taxativamente y la agregan como tal al propio texto o a una addenda de la misma. Constitución. Y si la abogada País cree que en Catamarca no hay seguridad jurídica, no es para endilgarle ello al Gobernador que sólo lleva 8 meses de su mandato de 4 años. En todo caso podría mencionarlos, aunque tangencialmente, a los Tres Ministros de la Corte, de origen radical los tres, que llevan casi 30 años como cabezas del Poder Judicial local.
3/8/2020 | 07:48
#1
Alguien por casualidad sabe si en telefe estan pasando reposiciones del chavo del ocho?? siempre es lindo ver a personajes tan queridos y mas en esta pandemia. Mis preferidos kico y la chilindrina! tambien acepto recomendaciones de peliculas sobre zombies carroñeros.
3/8/2020 | 04:50
#0
jajajajajaja pero mira quien aparecio¡! que bueno que en catamarca todos nos conocemos y sabemos de la justicia que funciono durante 20 años como el brazo ejecutor del frente cívico cual ariete político. Los indignados que no engañan a nadie!. Papelonesco.. pero no nos sorprenden, no cambian mas.

Otras Noticias