Opinión
“Cuídate de la ira de los mansos”
Señor Director:
En mi carácter de abogada litigante del foro de nuestra provincia, me dirijo a Ud. con la finalidad de expresar públicamente, a través de su importante medio de comunicación, mi repudio a las medidas recientemente adoptadas por el Gobierno, titularizadas por el Sr. Gobernador y Legisladores ,que derogan el Consejo de la Magistratura, avasallando la independencia del Poder Judicial y las garantías para el ejercicio de la profesión de los abogados en nuestro medio.
A través de la Ley N°5651, publicada en el Boletín Oficial, promulgada expresamente por el Poder Ejecutivo, por Decreto N° 1286, la Legislatura Provincial y el Poder Ejecutivo , derogaron la institución creada por Ley N° 5012, que configuró un hito a favor de la transparencia como presupuesto de la designación de los magistrados.
Indiscutiblemente que la abrogación de dicha entidad presenta claros signos de inconstitucionalidad. Tal institución ostentaba verdadera jerarquía constitucional-a pesar de haber sido creada por ley- al dar cabal cumplimiento a la manda de la garantía de la División de Poderes y de la Independencia del Poder Judicial, conforme los artículos 1° ,108 y cc. de la Constitución Nacional y arts.1°,3°,195 y cc. de la Constitución Provincial.
Similar calificación debe asignarse al Decreto 1306 /2020 del Poder Ejecutivo, que crea una “Comisión Evaluadora” para la selección de aspirantes a magistrados judiciales.
Potenciando la irregularidad la inexistencia en la misma de representantes genuinos del pueblo, como lo son los integrantes del Poder Legislativo, y de interesados directos, el Poder Judicial.
Las conductas del Gobierno provincial, comportan un retroceso en la calidad institucional que deben esplender las gestiones gubernamentales, a cuyos representantes la ciudadanía otorga potestades previstas en la Constitución y la legislación vigente.
Tal mandato es conferido para que se concreten acciones de fortalecimiento de las instituciones públicas de nuestra provincia, y no para su debilitamiento.
Y cuanto más, cuando se trata del Poder Judicial, encargado del resguardo de las garantías constitucionales de la comunidad.
Evidentemente que la oposición política estuvo asociada bochornosamente a las medidas gubernamentales, traicionando, en franca coalición con el partido gobernante. la voluntad popular.
Se puede designar de muchos modos las movidas contra la institucionalidad objeto de esta impugnación, pero resultará imposible enmarcarlas en algún parámetro de ética pública, basamento fundacional de toda democracia.
Por el contrario, se actúa a favor de una manipulación del Poder Judicial, con la evidente pretensión de instituir una Justicia complaciente.
Estas medidas del Gobierno Provincial, traen a la memoria las lamentables adoptadas por el Gobierno que titularizara el Dr. Ramón Eduardo Saadi, cuando a poco de asumir como Gobernador en el año 1983, decretó la intervención del Colegio de Abogados de la Provincia.
A lo que sumó, entre otras barbaries institucionales, la persecución del libre ejercicio de la abogacía, al trasladar a lejanos destinos a abogados del Estado, en clara arremetida contra los sectores no alineados con su gestión.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en señeros fallos, declaró la inconstitucionalidad de tales acciones gubernamentales, restableciendo la vigencia de la legalidad írritamente conculcada.
No obstante, la sola sanción de aquéllas resoluciones comportó una disminución de la credibilidad social respecto de las instituciones estatales y en contra de la garantía de Justicia, que es patrimonio de todos los argentinos por el mandato constitucional fundacional de 1853.
Que en sus primeros párrafos instituye el valor, objetivo y principio de “afianzar la justicia” como uno de los paradigmas del Estado Argentino.
Porque aquél tipo de intromisión en las instituciones vinculadas al Servicio de Justicia, de las cuales son una réplica las que estamos impugnando a través de esta nota, no sólo conculcan la Constitución desde un punto de vista formal, sino que controvierten y desnaturalizan la vivencia de la población sobre la percepción de la democracia como realidad.
Se coadyuva así en definitiva al desmadre del tejido social y al favorecimiento de la confusión e incertidumbre sobre la importancia y valor de las instituciones estatales de la crédula ciudadanía, que apoyó a sus gobernantes con su voto.
Es claro que no sólo a quien esto escribe, sino a la generalidad de los abogados locales, en forma inmediata a estas acciones estatales, se nos representa el encuadramiento de ellas en las causales de Intervención Federal de los artículos 6 y 5 de la Constitución Nacional, que imponen a las provincias garantizar la forma republicana de gobierno.
Estas conductas son adoptadas por el actual gobierno provincial, a despecho del pasado histórico de Catamarca, que experimentó en Abril del año 1991 la Intervención Federal a los tres poderes del Estado, justamente, por falta de independencia del Poder Judicial y afectación del régimen republicano de gobierno.
Paradigma de enorme trascendencia que debió haber impulsado a todas las administraciones posteriores de nuestra provincia, y a la actual, a considerar intocables por procedimientos discrecionales y arbitrarios las instituciones del Poder Judicial.
Pero el presente gobierno decide repudiar esos antecedentes, a pesar que ellos llevaron a un escandaloso naufragio a sus protagonistas.
Colapsan así los discursos oficiales de campaña, que utilizan el pretexto de respetar la independencia de este trascendental poder del Estado y los derechos y garantías individuales que debe resguardar.
Las lecciones de la historia nos enseñan que tarde o temprano, la historia se cobra, y muchas veces en forma violenta y con grandes perjuicios sociales, las acciones despóticas, autoritarias e injustas con las que los mandatarios de los pueblos se burlan de la voluntad popular.
“Cuídate de la ira de los mansos“, enseña el mandato bíblico.
Ana Soledad Pais
DNI N° 12796108
Abogada