El abogado José Furque formalizará hoy una presentación en la Legislatura, en la que requerirá el juicio político a Raúl Cippitelli, José “Pepe” Cáceres y Amelia Sesto de Leiva, los tres ministros de la Corte de Justicia nombrados por el radicalismo. El letrado considera que cometieron diversas irregularidades en el ejercicio de su función, además de incumplir -en el caso de Sesto y Cáceres- lo que dicta la Constitución catamarqueña sobre la edad para el ejercicio de la magistratura. Por ello pedirá la inmediata remoción de los tres jueces.

De esta manera, Furque extiende el pedido de juicio político que ya pesaba sobre Cáceres y Sesto por una presentación de su colega peronista Eduardo Andrada.

El exdiputado nacional de extracción boinablanca fundó su presentación contra los jueces en la “incapacidad moral, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos inherentes a las altas funciones que desempeñaron y desempeñan, y por la comisión de delitos en el cumplimiento de las mismas, que vinieron a demostrar que jamás gozaron de la idoneidad que exige el sistema republicano para el desempeño de la alta Magistratura Judicial en la que fueron oportunamente designados”.
Furque hizo notar “la escandalosa y vergonzosa situación de la Corte de Justicia, el notorio desprestigio que esa situación trajo aparejado a todo el Poder Judicial a partir de actuaciones corporativas en connivencia dolosa para beneficiarse recíprocamente con fallos cruzados y complicidades de toda índole”.

Jueces “vitalicios”
El denunciante recuerda la “maniobra pergeñada para sortear los obstáculos constitucionales de los artículos 168 y 195 (...) y la finalidad perseguida con la pretensión vitalicia en el ejercicio de la magistratura”.

Se refiere, por supuesto, al “toma y daca” que involucró a Cáceres, Sesto y al procurador Lilljedahl para poder continuar en sus cargos luego de cumplida la edad marcada -65 años- como límite para ser funcionario judicial.

Furque cuestionó “la grotesca maniobra ilícita y prevaricadora revestida con apariencia pseudo legal”, que posibilitó que Cáceres y Sesto siguieran percibiendo altas remuneraciones (habla de un monto superior a los 400 mil pesos mensuales), además de consolidar “una red de complicidades, acomodos y fraudes procesales, para proteger y favorecer a través de fallos y resoluciones judiciales a una amplia gama de parientes y amigos”.

En este esquema involucra a Cippitelli, a quien señala por diversas irregularidades que lo inhabilitarían para seguir actuando como miembro de la Corte.