La empleada judicial Blanca Guillermina Jouliá Figueroa, con domicilio en San José, Fray Mamerto Esquiú, presentó durante la semana pasada una denuncia formal por discriminación y violencia de género contra la Corte de Justicia de Catamarca, de la que depende como auxiliar administrativa desde el 2 de febrero de 2007 en el área de la Defensoría Civil N° 1.
La delegación local del Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación) deberá citar ahora a los cortesanos locales para que hagan su descargo sobre el caso.

Acción de amparo
Paralelamente a la presentación ante el Inadi, con el patrocinio del abogado Eduardo Andrada, Jouliá Figueroa presentó el jueves pasado una acción de amparo por mora porque, después de 13 años de servicio, no ascendió de categoría cuando legalmente le corresponde.

El tema es que la Corte de Catamarca, en ejercicio del poder de superintendencia, dictó en abril de 2018 la resolución 5778 que dispuso el ascenso en la carrera administrativa de diversos empleados, atento a las vacantes existentes en la Planta Permanente de Personal Administrativo y de Maestranza, en todas la circunscripciones del Poder Judicial.

Entre los considerando de la resolución se destaca la promoción al cargo inmediato superior a los agentes que se desempeñaron durante cuatro años en la misma función, sin que tengan antecedentes disciplinarios en ese período. Al mismo tiempo, serían ascendidos dos cargos quienes en la actualidad cuenten con ocho años o más.

Recurso de reconsideración
La apelante, que ingresó al Poder Judicial el 2 de febrero de 2007 como auxiliar de la Defensoría Civil N° 1, en conocimiento de la resolución 5778 de la Corte y constatando que no se encontraba entre el personal que obtenía el ascenso, el 29 de mayo de 2018 presentó un recurso de reconsideración al privársele, injustamente según su abogado, de su derecho a ascender en la carrera administrativa.

En la presentación del jueves pasado, Jouliá Figueroa alude a que cuenta con los años suficientes como para ascender, no tuvo sumarios administrativos ni tampoco sanciones disciplinarias y, de acuerdo a la resolución de la propia Corte, le correspondería la categoría de escribiente mayor.

Sin embargo y, cuando ha pasado más de un año de su reclamo, no figura en las largas listas de ascendidos, entre los cuales se encuentran personas que comenzaron a trabajar años más tarde a su ingreso.

Concretamente, esta mujer tiene la misma categoría a pesar de los 13 años de antigüedad  y de resoluciones que la habilitan al ascenso automático.

Es más. Sus superiores, como la doctora Graciela Vega de Hansen, solicitaron su ascenso “atento a la dedicación al trabajo, al buen comportamiento y haber concursado cargos con buenas calificaciones”.

También la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, a través del secretario general, en agosto de 2018,  ya efectuó una presentación ante la Corte en estos términos: “Que la agente Blanca Guillermina Jouliá Figueroa, DNI 29.537.351, Legajo n° 721, le corresponde ascender dos cargos, hasta el de Escribiente Mayor (..)”.
El silencio de la Corte, hasta ahora, conculca derechos establecidos por la Constitución Nacional y la discriminación, que alcanzaría a otra mujer, resulta más que evidente.