Barros: “Las declaraciones de confrontación para pretender réditos políticos son las que profundizan la grieta”

domingo, 3 de enero de 2021 01:43
domingo, 3 de enero de 2021 01:43

El diputado provincial Víctor Luna, de Juntos por el Cambio (JxC), cuestionó el fallo de la Corte de Justicia declarando inconstitucional la denominada “ordenanza antiminera”, considerando que el mismo abre la grieta entre los andalgalenses, pero además apuntó en contra del cortesano Miguel Figueroa Vicario.


Estas expresiones del legislador opositor tuvieron su respuesta por parte del oficialismo, siendo el diputado del Frente de Todos (FT) Augusto Barros quien manifestó: “Durante un prolongado tiempo, con la anuencia y complacencia del diputado Luna, la provincia de Catamarca perdió la gran posibilidad del desarrollo sustentable de la provincia a partir de la actividad minera que se llevó adelante con una concesión que saqueó los recursos no renovables de Catamarca. Ni compre catamarqueño, ni contrataciones de mano de obra local, ni caminos, ni nada de lo prometido ocurrió. (...) Quienes emergen en el horizonte como protectores del ambiente tampoco fueron más allá de declaraciones mediáticas y no se les hubiera ocurrido impedir de manera alguna la actividad minera en forma efectiva, entre 1991 y 2011.


”Dice el colega Luna que la sentencia judicial no preserva el medio ambiente y esboza un pretendido divorcio entre el Gobierno y la sociedad. En primer lugar no es la Corte de Justicia, en este caso, quien tiene que preservar o no el medio ambiente, sino por el contrario, responder al planteo formulado si la ordenanza se encuentra dentro de las esferas de las competencias del Concejo Deliberante. Segundo, la administración de Justicia no debe tener en la mira cuál es el sentido político del Gobierno. Tanta división de poderes que por ahí se reclama parece que los dejan enredados en sus propias palabras”, expresó.


Asimismo, Barros consideró: “Está claro que, más allá de lo dicho por la Corte en absoluta mayoría, los concejos deliberantes no son competentes para regular materias vinculadas al medio ambiente; sí para preservarlo, pero a partir del andamiaje jurídico emanado del Poder Legislativo, que es quien tiene la potestad de legislar sobre esta materia a partir de que el dominio originario de las minas es del Estado Provincial. Para mejor interpretación, un ejemplo basta: ¿es competente un niño de 10 años para comprar un inmueble? La respuesta es claramente negativa, por cuanto la capacidad para ese ejercicio la establece el Código Civil.


”En el mismo sentido, nuestra Constitución Provincial establece cuáles son las competencias (es decir la capacidad) que tienen los concejos deliberantes y regular los requisitos que una concesionaria debe cumplir para impedir el impacto ambiental negativo, es facultad del parlamento local y no de los concejos deliberantes. En consecuencia, es claramente inconstitucional la ordenanza dictada porque excede el marco de las competencias del concejo. (...) Repárese en que, inclusive, el cortesano que emitió el fallo solitariamente en minoría y disidente realiza un detalle de legislación comparada de otras provincias pero no menciona una sola ordenanza de ningún concejo deliberante de municipalidad alguna y sí solamente leyes, que ciertamente están dentro de las facultades de los parlamentos”.


Luego, con respecto a lo expresado por Luna sobre la postura del ministro Figueroa Vicario, Barros puntualizó: “Tal vez por alguna nostalgia de otros tiempos, le endilga la teoría de los actos propios, pretendiendo desvirtuar su posición por otras funciones institucionales de antaño. Pues bien, resulta todo lo contrario a lo que establece el diputado Luna, por cuanto precisamente los jueces no deben obrar por íntima convicción, sino ajustar los fallos a la legislación vigente y precisamente no existe ley o mandato constitucional que pueda sostener la ordenanza revocada por la Justicia.


”La minería es sin duda la actividad que permitirá el desarrollo de Catamarca y fundamentalmente se aspira a que sea también el polo de despegue del interior provincial. En ese marco, Lucía Corpacci y Raúl Jalil han dirigido sus acciones para hacer realidad la minería como política de Estado, bajo el imperio de la Ley, pero con la coherencia que mantuvo el peronismo desde siempre de asegurar la protección del medio ambiente y la salud pública”, refirió.


En otro tramo, el legislador del FT invita al diputado Luna a “buscar las alternativas que finalmente puedan acercar posiciones. El pasado año 2020 nos ha dejado una serie de enseñanzas y es hora de empezar a construir entre todos y todas, inclusive desde el disenso”, concluyendo que “los discursos de confrontación solo pueden pretender ser parte de un teatro preelectoral, pero no es la solución para enfrentar los grandes temas y menos aun para superar el debate de la grieta impuesta por algunos asesores políticos para sacar réditos de la división de la sociedad”.

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