Picante réplica vertió el diputado opositor Víctor Luna a las manifestaciones de su par oficialista Augusto Barros, quien le había respondido sus críticas al dictamen por mayoría de la Corte de Justicia que declaró inconstitucional la ordenanza que prohibía la explotación minera a cielo abierto en Andalgalá. “Son preocupantes, porque pretenden reducir y menoscabar los problemas de la gente al plano meramente político, cuando lo que corresponde es asumir el debate responsable que la problemática ambiental amerita y la sociedad demanda”, inició su respuesta el opositor.

“Se impone evaluar la enorme magnitud y dimensión de la situación pero prefieren desviar el foco de la atención porque carecen de argumentos serios, sólidos y razonables”, disparó el opositor. A la vez, deslizó en tono irónico que “nadie podrá decir que también persiguen fines políticos entidades y organizaciones prestigiosas a nivel nacional que repudiaron el fallo de la Corte”, para listar organismos como el Servicio de Paz y Justicia, cuyo presidente honorario es el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, entre muchos otros.

El legislador radical indicó que el oficialismo ignora “deliberadamente aquel fallo de la Corte Suprema de Justicia, incorporado a los fundamentos de la ordenanza, en el que hace lugar al ‘cese definitivo del emprendimiento, por lesionar los derechos a un medio ambiente sano, equilibrado’, admitiendo que ‘existe peligro de daño ambiental inminente para el pueblo de Andalgalá’”.
“Entiendo la difícil misión asumida con disciplina prusiana de Barros, pero lo invito a dejar de lado el palabrerío chicanero de la política berreta en el incomprensible intento por distraer, con su verborrágico manifiesto jurídico, donde abundan interpretaciones capciosas y antojadizas, que no ayuda ni contribuye al debate democrático y responsable”, dijo Luna.

Incluso contempló que Barros “tiene memoria selectiva”. “Su conveniente amnesia le impide recordar que fue parte en la funesta década de los 80 del Gobierno que les cerró las puertas a las inversiones mineras, en negociaciones salpicadas de sospechas y suspicacias”. Rememoró: “Tampoco lo vimos rechazar las políticas mineras de los 90 impulsadas por el entonces presidente Carlos Menem, al que el PJ catamarqueño apoyó con vehemencia en toda su gestión, y de las que ahora quieren despegarse”.
El diputado opositor tildó de “humorada” que “alguien que ha sido conspicuo integrante de un Gobierno que el primer poder que intervino (...) fue, precisamente, el judicial”, ahora se devenga “en constitucionalista y garante a ultranza de la independencia de poderes”.

En tanto, aclaró que “no es la Corte la que tiene que preservar el medio ambiente” y le solicitó a Barros que “no cambie el sentido de mis conceptos”. “La Corte lo que hizo es dejar al margen de su análisis la cuestión central del reclamo, se desentiende y por ende no da respuestas sobre el cuidado y la defensa del ambiente como bien social”.

Recalcó que el fallo de la Corte local a favor de la empresa minera Agua Rica “no preserva derechos sociales y sienta un peligroso precedente, centralmente en materia ambiental y recursos naturales”.

También mencionó: “En ningún momento hablé de la íntima convicción del ministro Miguel Figueroa Vicario. Sí dije que el rigor que debería tener el pronunciamiento por mayoría del tribunal superior colisiona con su doble discurso y sus contradicciones, porque siendo legislador y abogado, por ende conocedor de las normas y la aplicación de las leyes, presentó en su momento un proyecto para prohibir la minería a cielo abierto por las consecuencias ambientales”.

“Ergo, ¿el Ministro antes interpretaba la aplicación de la ley de una manera y ahora la interpreta de otra manera?”, cuestionó Luna.

“Con la arrogancia de quienes quieren silenciar voces críticas para imponer relatos visiblemente inconsistentes, no reparan en que una toga no disfraza de absoluto lo que solo es relativo”, expresó con sarcasmo.

Luna se refirió a las competencias aludidas por Barros para subrayar que la ordenanza cubría el “vacío legal” a nivel provincial en materia ambiental. “No se trata de minería sí o minería no, se trata de que el Estado provincial y municipal regulen y controlen la actividad minera, siempre y cuando no dañe las reservas naturales y afecte el ecosistema”.

Sostuvo que “argumentar que el Estado provincial es propietario de los recursos minerales y que la minería es una actividad económica lícita es instalar un debate engañoso, esconde y elude la discusión de fondo”.

“Le pese a quien le pese, estamos ejerciendo lealmente nuestra condición de oposición, lugar donde nos puso la gente y asumimos con responsabilidad el control de los actos de gobierno preservando los derechos de la sociedad y en defensa de los intereses generales”, cerró.