Durante la presente semana, conforme a fuentes bien informadas, la denominada causa “Megafraude”, podría tener novedades por parte del tribunal que integran los jueces Fernando Esteban (presidente), Carlos Moreno y Navarro Foressi.

Como es dable recordar se trató de los famosos cursos para empleados y/o estudiantes que, a comienzos de la gobernación de Brizuela del Moral –año 2004-, fueron contratados por el Estado y por los cuales la provincia erogó una cifra millonaria sin que exista la contraprestación del dictado total o parcial de dichos cursos, los cuales iban a estar a cargo de las fundaciones que crearon los empresarios Carlos Arriazu y Hugo Diamante.

Aquel hecho, plagado de irregularidades, le costó el puesto al exSecretario de Desarrollo Social, Pablo Córdoba Molas y al exdirector del sector, Ariel Regina.

Una vez en la Justicia la situación tuvo idas y venidas. Se han cumplido ya 17 años, durante los cuales pasó el período de instrucción –pésima, se la mire como se la mire- y hubo elevación a juicio, el cual nunca se realizó por pedidos de nulidad o desmembramientos de los tribunales que debían juzgar. Los imputados, aparte de los exfuncionarios públicos y los empresarios Arriazu y Diamante, son numerosos y, entre ellos, se cuentan empleados que pagaron montos a las fundaciones y otros exfuncionarios que debían supervisar los pagos de referencia.

No hubo investigación

La Justicia de Catamarca, como en otras causas políticas –affaire Educación, compras directas, pedidos de desafuero, etc-, en este caso prácticamente no investigó nada y condenó civilmente a personas que nada tuvieron que ver con la organización de estos cursos, los que serían los partícipes directos.

Hace dos semanas dimos a conocer la situación de la contadora Susana de la Colina, que permanece procesada desde hace 16 años y, según su declaración, pagó de acuerdo a las reglas de la Tesorería.

El tema de fondo es cuando la llamaron a ratificar su declaración, expresó que el expediente había sido adulterado, lo cual está prácticamente probado y sirvió a las defensas de todos para pedir la nulidad de las actuaciones.

Tampoco está justificada la adulteración que, torpemente, se realizó en un lugar distinto a la Justicia y/o la Tesorería. Sin embargo, se calcula que las enmiendas que se practicaron en algún domicilio particular tenían que ver con la cantidad de dinero a pagarse. 
Una suma equis era por el número de asistentes y otra por una simple declaración jurada de los interesados o la nómina de un curso completo, sin especificar quiénes fueron o no fueron.

Prescripción o nulidad

En virtud del tiempo transcurrido y la evidente adulteración del expediente, se calcula que el tribunal terminará de consolidar la falta de Justicia y la comprobación que solamente se condena a los ladronzuelos o los violadores.

Lo haría a través del dictado de la prescripción de la causa, la que sobreseería a partícipes primarios y secundarios.

El instituto de la nulidad, que lo piden las distintas defensas, sería otra de las armas de la Justicia “para lavarse las manos”. Se podría dar apenas se inicie el juicio, cuya nueva fecha de realización debe determinar el tribunal.

De esta manera quedaría cerrado otro escándalo judicial directamente relacionado con la política.