El diputado nacional por Catamarca Rubén Manzi (Juntos Por el Cambio) presentó este lunes la segunda parte de un detallado informe sobre diversos hechos de violencia institucional ocurridos en las provincias del NOA (Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy) desde que el gobierno nacional dictó las medidas de restricciones a raíz de la pandemia de Covid-19, hasta mediados de este año.

De la presentación, que se realizó en forma presencial y virtual, participaron, como panelistas, el ahora exrector de la UNCa y candidato a senador nacional Flavio Fama; el presidente de la Coalición Cívica a nivel nacional, Maximiliano Ferraro; la ex diputada provincial, Lucía Martínez; el periodista Pablo Vera y dos representantes de la Comisión de la Lucha Contra la Injusticia de Santiago del Estero, Carolina Isorni y Jaime Mario Díaz.

Al acto, que tuvo lugar en el aula del Postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas –y se transmitió por la plataforma Zoom-, asistieron legisladores, funcionarios, dirigentes políticos y referentes de organizaciones en defensa de los Derechos Humanos, entre otros. Durante la exposición, Manzi explicó cómo se inició la investigación de casos de aberrantes hechos de violencia que fueron reiterándose a en forma significativa a partir de las medidas de restricción de circulación. Este trabajo se dividió en dos partes, la primera de las cuales fue presentada en agosto del año pasado para poner sobre relieve los preocupantes casos que se habían relevado. La investigación continuó durante el resto del año pasado y lo va de este 2021, lapso en el que se realizó la investigación de 245 casos que van desde abusos de autoridad, abandono de personas, hasta gravísimos casos de torturas y muertes a manos de funcionarios de distintos estamentos del poder gobernante de cada una de las provincias del NOA.

“Nos llama mucho la atención el silencio de muchas organizaciones y de muchos referentes que han sido activos luchadores por la verdad y la justicia de los hechos vinculados a la dictadura cívico militar y que ahora están callados o simplemente hacen alguna referencia muy al pasar, muy lavada”, advirtió Manzi, quien interpretó que “evidentemente, esta temática cuestiona una parte esencial y neurálgica del relato de la coalición gobernante”. Y detalló: “de las seis provincias que forman el NOA, cinco están gobernadas por la coalición gobernante a nivel nacional. Entonces, la existencia de estos hechos reiterados y aberrantes de violaciones de derechos humanos, hechos bajo el manto protector de la pandemia, hace un ruido muy importante dentro del relato. No podemos mirar para otro lado ante la actitud ajena de muchos –no todos- pero muchas de las organizaciones que han sido tan comprometidas en otras circunstancias”, destacó Manzi, al tiempo que expresó: “con mi equipo de trabajo anhelamos que este informe pueda aportar algo a que el país y nuestras sociedades sean más conscientes de lo que está pasando, y que, sobre todo, quienes tienen responsabilidades también tomen conciencia de esto para que ayuden desde el lugar que les toque para revertir esta situación que describe una democracia tan débil”.

Flavio Fama, a su turno destacó el trabajo de investigación realizado por Manzi y su equipo y señaló que “la violencia existió siempre, está arraigada en nuestras instituciones, lo que pasa es que la pandemia potenció estas cosas, nos mostró todas nuestras falencias, nuestros defectos”. “La violencia es un tema que hay que visibilizar”, por lo que resaltó que este “es un trabajo que tiene un valor, una reflexión y nos tiene que servir para ver por qué pasan las cosas que pasan; hemos visto en la pandemia la vulneración de derechos constitucionales, la generación del miedo, un instrumento muy utilizado por los gobiernos para generar violencia”, añadió. 

De forma virtual, el presidente de la CC-ARI a nivel nacional, Maxi Ferraro resumió “si hay un mal radical que nos atraviesa como sociedad, es la violencia. Y se expresa en la violencia social, la violencia política, la violencia económica, pero sobretodo la violencia institucional, que vimos acrecentar en la situación del Covid-19”. “Este informe es una gran herramienta que podemos tener los legisladores nacionales y para llamar la atención a los organismos de Derechos Humanos, al secretario de Derechos Humanos de la nación que en muchos casos como este no actuó”, advirtió.

Lucía Martínez, habló puntualmente de los casos que padecieron las comunidades aborígenes en todo el NOA, donde a la eterna situación de olvido que padecen, se sumaron durante la pandemia agravamientos de situaciones que ya eran graves de por sí. Respecto de estos casos en particular, la exdiputada destacó que entre los escollos con los que se encontró fue el temor que expresaban los miembros de las comunidades para dar a conocer sus casos. “Una de las deudas más grandes que tiene nuestro país es el de la violencia institucional, y cada vez que se conculca una ley estamos abriendo las puertas a la violencia institucional”, afirmó.

El periodista Pablo Vera, se refirió a cómo desde su ámbito de trabajo y su función como periodista, ha observado e informado sobre los diversos casos de violencia institucional. “Los casos de violencia policial los hemos abordado desde siempre, pero sí hemos notado que hubo un importante incremento durante la cuarentena, y la primera lectura que hacemos es que obedece al control absoluto que se les ha otorgado a las fuerzas de seguridad, el tener a cargo que se haga efectivo el cumplimiento de los DNU que se dictaron durante todo el año pasado”, señaló. Además, consideró que “un punto importante para entender estos hechos, un interrogante que siempre se nos presenta, es cuál es la aptitud psicológica de los miembros de la fuerza; y se pone también en tela de juicio cuán exhaustivas son estas evaluaciones tanto a aquellos que forman parte de la fuerza de quienes aspiran a ingresar a la misma”.

“Auxilio”

La última parte de la exposición de los panelistas estuvo a cargo de Carolina Isorni y Jaime Mario Díaz, quienes encabezan la Comisión de la Lucha contra la Injusticia de Santiago del Estero. Ambos destacaron el rol que asumió Rubén Manzi al tomar conocimiento del caso particular de Carolina, cuyo hijo murió a manos de la policía de Santiago del Estero y se trató de hacer pasar el homicidio como un accidente de tránsito. Para ello, hubo toda una cadena de complicidad e impunidad que abarcó no sólo a la fuerza policial sino también al Poder Judicial de Santiago del Estero. “Allá estamos solos pidiendo auxilio sin que nadie nos escuche, con un poder gobernante que ha cooptado todo, la justicia, la policía, los medios de comunicación”, se lamentó Isorni. “Recibimos el auxilio de Rubén, de Maxi (Ferraro), de autoridades de otras provincias, pero nunca de la nuestra; Rubén ha tenido la amabilidad de acompañarnos, de presentar, de acusar, ha llegado a un punto en tener ya 32 familias que piden justicia”, destacó.

El informe completo está disponible en: https://drive.google.com/folderview?id=1BTd1ItVeeZaj5DlWppfQtGl4qLg8Bxsc