Desde la oposición apuntaron que el objetivo de la normativa fue solo a efectos de poder realizar contrataciones directas.  

En noviembre del año pasado, la Legislatura aprobó una ley conocida como de Emergencia Hídrica. El objetivo de la misma declaró en estado de emergencia la prestación de los servicios públicos de agua potable, desagües cloacales, agua para riego agropecuario e industrial en toda la provincia. Pronto a cumplir un aniversario de su sanción, desde la oposición cuestionaron a la Provincia por cuanto no solo faltó que se ejecuten las obras hídricas sino que también la ley fue para triplicar el monto de las contrataciones directas. 

Fue el candidato a diputado nacional, actual legislador en la cámara baja local y presidente de la UCR provincial, Francisco Monti, quien apuntó al gobierno por “no cumplir” con lo dispuesto en la ley de emergencia. El diputado opositor del interbloque Juntos por el Cambio consideró que la Emergencia Hídrica “tenía como eje central la alteración del sistema de contrataciones que establece la ley de Obras Públicas y sus decretos reglamentarios”. Sucede que, según dijo, la normativa atinó a promover “triplicar los montos a partir de los cuales el Gobierno puede realizar obras por contrataciones directas”.

En este orden de ideas, señaló que para esa modalidad de contratación por parte del Estado se elevó el “monto a la suma de 150 millones de pesos por el plazo de un año”. Es decir, el mismo tiempo de aplicación que tenía la ley (la cual puede ser prorrogada por un año más). “El pedido tenía razón de ser en la supuesta decisión del gobierno de Raúl Jalil de realizar diversas obras urgentes estratégicas vinculadas a la infraestructura en materia hídrica”, explicó Monti sobre los fundamentos para triplicar el monto de las contrataciones directas.

Sin embargo, las obras para dar solución a la problemática de distribución del vital elemento no tendrían avance. “Nosotros hemos constatado en el territorio provincial la no realización de las obras a las que se había comprometido el gobierno de Jalil”, aseveró el legislador opositor y candidato a la cámara baja del Congreso.

De esta forma, Monti sostuvo que “la falta de ejecución de las obras a las que se había comprometido el gobierno, deja en claro que el único propósito fue seguir el lineamiento de realizar contrataciones directas: sin competencia entre empresas”. “Es decir que lo único que se logró es seguir degradando la transparencia en la administración del Estado, mientras que los catamarqueños siguen esperando las obras necesarias para contar con un servicio digno de agua potable a lo largo y a lo ancho del territorio provincial”, acotó el opositor.

Sobre el cierre, Monti deslizó un llamado proselitista: “El 14 de noviembre los catamarqueños tenemos la oportunidad de poner un límite a estos niveles de despilfarro y utilización arbitraria de los recursos públicos y exigir que las prioridades del Gobierno se focalicen en las necesidades de la gente”.