Las Declaraciones Juradas (DDJJ) de bienes sirven, de alguna manera, para controlar el patrimonio de aquellos que ocupan un cargo público desde el momento en el que inicia su gestión hasta el cierre. A la largo del 2020 -el primer año de pandemia- solo 100 de la enorme mayoría de funcionarios de todos los niveles (provincial, municipal, legislativo, concejales y organismos descentralizados, empresas mixtas y entidades públicas) dieron cuenta de sus bienes ante el Tribunal de Cuentas. 

En la lista del funcionariato que presentó su DDJJ ante el organismo contralor de la cuentas públicas aparecen el gobernador Raúl Jalil y su vice, Rubén Dusso. Cabe señalar que ambos figuran dos veces en la nómina de funcionarios. Sucede que los dos presentaron la documentación correspondiente para lo que fue su final de mandato en la intendencia capitalina (en el caso de Jalil) y en como ministro de Obras Públicas (para el caso del presidente natural del Senado). 

Aparte, durante el 2020, solo  cuatro de los 18 titulares de carteras ministeriales presentaron su DDJJ.  Para el caso, aparecen el recientemente electo senador nacional Guillermo Andrada (Comunicación); la ministra de Planificación, Susana Peralta; el titular de la cartera de Industria y Comercio, Lisandro Álvarez y cierra la nómina María Eugenia Rosales (Ciencia e Innovación). 

El artículo 167 de la Constitución Provincial  establece puntualmente que “todos los funcionarios, inclusive cada uno de los miembros de los tres Poderes y todo agente administrativo que maneje fondos fiscales o administre bienes de la Provincia” deben presentar  sus DDJJ. Además, que las declaraciones deben ser sobre “los bienes propios y de los de sus padres, hijos y cónyuges”.

Éstos “se inscribirán en un registro especial que será público, a fin de que, en cualquier tiempo, durante o después de terminar sus funciones, cualquier habitante pueda requerir judicialmente la verificación de la legitimidad del enriquecimiento del gobernador o agente administrativo”.

En tanto, se deja explícito que el Tribunal de Cuentas puede decretar “preventivamente el embargo de los bienes o valores señalados como legítimamente adquiridos”.

Así las cosas, de los 100 funcionarios y funcionarias de la lista donde se detallan las personas que presentaron sus declaraciones ante el Tribunal de Cuentas, 35 corresponde y prestan servicios en la comuna capitalina. Para el caso del Concejo Deliberante de la Ciudad, solo figura uno de los siete que ingresaron al cuerpo en el 2019: se trata del oficialista Alejandro Díaz Martínez.