A la par de la fiebre por el Bitcoin -que sigue en valores récord por una compra masiva de Elon Musk-, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil le dio luz verde a un documento oficial que impulsa la creación del “Peso Digital Argentino”, una iniciativa que busca regular el mercado de las monedas virtuales y que incluye hasta la creación de una criptomoneda que cuente con el respaldo del Estado nacional, provincial o regional.

En un texto de 10 páginas con título “La necesidad de una estrategia Fintech de país”, Jalil justificó la iniciativa ante “la falta de oportunidades de inversión” en Argentina y porque la crisis global generada por la pandemia de coronavirus “aceleró” la implementación de nuevos instrumentos de la tecnología financiera, también conocida como Fintech. El gobernador estudia la posibilidad de aplicar este tipo de operaciones para las regalías mineras, uno de los polos productivos del norte argentino y que, habitualmente, requiere de importantes inyecciones de capital.

Sin embargo, Catamarca carece de la escala para implementar una acción de estas características. Además, si bien este tipo de operaciones no están prohibidas, Argentina tampoco cuenta con una normativa legal para bitcoins u otro tipo de criptomonedas. El vacío se extiende en sus aspectos contables, impositivos y contractuales para un ecosistema del que está compuesto por 268 empresas, y que crece anualmente.

“Hay distintos modelos teóricos de evolución de banca en el futuro, pero los límites del modelo actual y el paradigma de internet imponen la necesidad de desarrollar estrategias junto con planes de transición del modelo actual. Hace falta pensar en un nuevo modelo de servicios financieros”, sostuvo Jalil en su propuesta.

Según el gobernador, el paso previo para llevar adelante una medida semejante -como la creación de una criptomoneda de cuño estatal- implicaría el dictado de un marco regulatorio nacional “orientado a proteger al inversor, velar por la justicia y facilitar la formación de capitales”. Para ello, se tendrá que constituir un organismo de control o bien ampliar las funciones de los existentes.

“Varios países detectaron esta necesidad de regulación ante un mercado en marcado crecimiento y diversificado en monedas digitales ‘de curso no legal’ que creció luego del éxito del Bitcoin”, apuntó Jalil. “El desafío es pensar en el desarrollo de una Moneda Digital Argentina o de las Provincias del Norte Grande con respaldo del Gobierno Nacional y/o de los gobiernos provinciales”, planteó. Jalil ya evalúa nombres y siglas de la posible unidad de valor, como el Peso digital Argentino (PDA) o del Norte Grande (PDNG), y estarían asociadas a las billeteras digitales y a la ‘tokenización’ de activos privados y públicos.

“La tecnología rompe no sólo las fronteras entre negocios sino que ya está alterando los equilibrios entre países. Aquellos que fomenten ecosistemas emprendedores y de adaptación al medio digital acogerán actividades de mayor valor añadido en sus territorios”, dice el texto oficial del gobierno de Catamarca.

Los controles estatales a las empresas fintech y a las herramientas financieras virtuales -como las monedas y billeteras digitales o la ‘tokenización’ de activos- son objeto de debate a nivel mundial, aunque la discusión no está ajena en Argentina. El año pasado, el Banco Central (BCRA) empezó a fiscalizar su actividad y estableció sanciones para las entidades emisoras que incumplan la ley de Entidades Financieras. Pero no hay una reglamentación común que establezca criterios comunes: tanto el BCRA, la Unidad de Información Financiera (UIF) como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) utilizan distintos conceptos para este tipo de activos.

En materia de virtualidad financiera, la pulseada más visible en el sector se produjo entre Mercado Libre y las cámaras bancarias por la utilización masiva de la billetera electrónica Mercado Pago. En 2020, la plataforma superaba los casi 11,5 millones de usuarios y tuvo un fuerte crecimiento en el segundo trimestre, en plena pandemia. En ese marco, el Banco de Galicia creó junto al BBVA y Santander la empresa Play Digital S.A para competir con la app de Marcos Galperín.

Una inversión de riesgo en busca de regulación

Casos como el de Bitcoin pusieron de manifiesto no solo la alta rentabilidad que se puede conseguir con este tipo de transacciones, sino la incertidumbre. En 2017, la Comisión Nacional de Valores (CNV) definió a estas operaciones como de alto riesgo por la “falta de regulación específica”, “el potencial fraude” y por contar con un “inadecuado acceso a información relevante”, entre otros aspectos.

Además, las inversiones en criptomonedas son susceptibles a las burbujas especulativas y los cambios bruscos en su valor de cambio, que creció en los últimos doce meses de USD 10.000 la unidad a más de 40.000 dólares. Uno de sus últimos saltos se produjeron este lunes cuando Elon Musk, el empresario más rico del mundo, instruyó a su compañía Tesla a adquirir USD 1.500 millones en bitcoins. El movimiento tuvo como resultado un alza del 15 por ciento.

Jalil plantea en su proyecto salvar varios de estos inconvenientes con el respaldo de la emisión de una criptomoneda de carácter estatal, lo que “podría resultar en un menor riesgo implícito del capital”, a raíz de que la cotización de las monedas digitales cuentan con un “alto componente especulativo”. “Ofrecería una inversión más atractiva para perfiles de inversores menos especializados o con relativa aversión al riesgo”, evaluó.

De esta manera, mediante la “tokenización” o digitalización de los activos, los eventuales inversores podrán “comprar riesgo empresario” en actividades relacionadas con el desarrollo local, como la explotación de recursos naturales, al sistema financiero y bancario, a desarrollos inmobiliarios, la expansión agroganadera o las energías renovables. “Los gestores de los proyectos tendrán la posibilidad de acceder a líneas de financiación de muy bajo costo y rápida ejecución, poniendo los capitales del país dentro de un motor productivo que impacta directamente en la creación de empleos, la adquisición de bienes industriales, la implementación de mejoras continuas, en un ciclo de inversión positiva que esteriliza el efecto inflacionario de expansión monetaria”, proyectó, optimista, el gobernador norteño.

Las empresas que emiten criptomonedas observan con recelo las intenciones oficiales. Ya hay dos proyectos de ley presentados en el Congreso para regular la actividad. El caso testigo reciente fue Córdoba: una reciente ley impositiva introdujo una definición legal sobre monedas digitales, que serán pasibles de ser gravadas a través del impuesto de Ingresos Brutos. Jalil puso como ejemplo esa ley para acercar su propuesta oficial.