Despojándose de colores políticos y priorizando la sororidad, desde el oficialismo no dudaron en repudiar la resolución del Tribunal de Conducta de la UCR que sancionó con la suspensión -por cinco meses- a siete mujeres las cuales, antes de las internas, cuestionaron la candidatura a presidente del comité Capital de Roberto Gómez.

La punta del ovillo fue la denuncia de 80 afiliados de la UCR contra Natalia Herrera, Gabriela Nieva Larcher, Jessica Nieto, Vilma Canceco, María Luisa Moreno, Claudia Vera y Gabriela Lobo Vergara, quienes firmaron una petición pidiendo la baja de Gómez  por cuanto “tiene una causa abierta por delito de abuso sexual”. Esto motivó la acusatoria de los 80 afiliados por “la presunta comisión de conductas antipartidarias”.

El Tribunal de Conducta, en su resolución, indica que las siete mujeres radicales no vertieron una opinión “sino imputaciones fácticas que fueron expresadas por las acusadas con conocimiento de su falsedad o con notoria despreocupación acerca de su falsedad y utilizando además una polémica comparación entre dos sujetos (Gómez con el sentenciado Enrique Aybar) que pese a no tener una situación procesal similar, equiparan a uno con el otro, dejando entrever que nos encontramos ante dos personas iguales”.

En este orden de ideas, el Tribunal consideró que “se advierte una clara y manifiesta transgresión al principio de inocencia ya que las sumariadas en forma categórica sindicaron como responsable de un grave delito a un afiliado el cual siquiera fue imputado y mucho menos condenado”. 

Así, rescatan dos artículos de la Carta Orgánica partidaria puesto que éstos prescriben “que los afiliados tendrán derecho a integrar ámbitos de trabajo partidario existente o a crearse y a la libre expresión de ideas e iniciativas dentro del Partido, evitando los ataques públicos por razones de política interna, a otros correligionarios (artículo 10 inc. 4) y el artículo 13 inciso 5 nos dice que los afiliados tienen prohibido, en forma individual o colectiva, injuriar, calumniar o difamar  por cualquier medio a afiliados o a las autoridades partidarias”.

Las afectadas por la resolución del Tribunal postearon un mensaje común en las redes: “En el partido de la democracia y de las libertades nos disciplinaron para no volver a hacer lo mismo (opinar) y para que ‘tomen’ nota otras mujeres. Seguiremos insistiendo en que no pueden ser candidatos quienes tengan denuncias por abuso sexual”.

La situación trascendió las fronteras partidarias por la cuestión de fondo y motivó el respaldo de mujeres del oficialismo. Por ejemplo la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero. La legisladora observó que “cuando lo que es sancionado es una opinión expresada y una petición formulada al respecto, se afectan derechos constitucionales”.

A la vez, distinguió: “Cuando además, se sanciona a mujeres políticas que dan cuenta de la existencia de una denuncia penal formulada por otra mujer por presunto abuso sexual, que tiene como denunciado a un dirigente político, significa aplicar un disciplinamiento arbitrario e inquisitorial que procura acallar las voces de las mujeres en general que tienen la osadía de hacerse escuchar, para continuar sometiéndolas a estereotipos patriarcales y machistas también en el campo de la política”. “Eso es violencia, cualquiera sea la fachada partidaria que le pongan, lamentable,  repudiable”, agregó. 

Por su parte, la diputada oficialista Adriana Díaz, se solidarizó con las mujeres radicales y opinó que “la decisión de suspender a las mujeres de su partido fue tomada por hombres e impulsada por hombres que, al parecer, no están pudiendo comprender el alcance y la importancia de la perspectiva de género”.