Ayer, en el comité provincia de la UCR, se reunió el Tribunal de Conducta partidario para tratar las medidas a tomar tras la denuncia de mujeres radicales a lo que fue la candidatura de Roberto Gómez como presidente de los correligionarios capitalinos. En la oportunidad, el tribunal resolvió citar a las denunciantes Vilma Canceco, Gabriela Nieva Larcher, Claudia Vera, María Luisa Moreno, Jessica Nieto, Gabriela Lobo y Natalia Herrera “a los fines de otorgar derecho de descargo y/o ratificar, rectificar, quitar o agregar documentación”.

Esta situación inquietó a las mujeres radicales, quienes consideran que pueden llegar a ser sancionadas por el Tribunal de Conducta. Así lo planteó la diputada Herrera. A través de un escrito repasó “los hechos que se han acontecido a partir de la presentación de una nota dirigida a la Junta Electoral partidaria, mediante la cual un grupo de mujeres radicales solicitamos que no se acepte la candidatura de Gómez en atención a que se encuentra en curso actualmente una causa por abuso sexual en su contra”. 

“Lo que podría haber sido un debate interno del partido, pasó a ser tema de dominio público, cuando Gómez sin más, renuncia a su candidatura, por lo que la atención se dirigió directamente a los motivos que lo llevaron a renunciar”, expuso Herrera.
En este orden de ideas, recordó que Gómez, “mediante la remisión de cartas documento pretende que ratifiquemos o rectifiquemos nuestros dichos bajo el apercibimiento de iniciar acciones legales”. “La cuestión aquí no es si el señor es culpable o inocente, eso lo decidirá la Justicia (en sus tiempos, claro) la cuestión es que como integrantes de un partido que lleva en alza las banderas de defender la libertad, la ética y la honradez, por supuesto, no nos sentimos representadas en esta persona”. 
La diputada señaló que “fue tal el giro de los acontecimientos, que ahora un grupo de afiliados del sector de Gómez se encargó de solicitar al tribunal de disciplina que se nos apliquen sanciones por haber osado manifestar una opinión”. “Lo más curioso aún es que se dio curso a este pedido y existe la posibilidad de ser sancionadas por formalizar nuestra opinión”, expuso Herrera.
Para la legisladora, esa solicitud tiene “una clara intención de acallarnos, de castigarnos por habernos manifestado”. Además, contempló que “en caso de ser sancionadas, puertas adentro se sentará el precedente de que es mejor acallar los pensamientos, no alzar las voces en temor de una posible represalia;  ahora la atención está puesta en nosotras, qué curioso”.