La seguidilla de denuncias en la Justicia por el presunto caso de vacunatorios VIP contra el Covid-19 para funcionarios provinciales en Catamarca, comenzó a moverse en la justicia. Sucede que el fiscal federal Santos Reynoso se declaró incompetente para resolver en esta instancia dos presentaciones judiciales y con ello trasladó las acciones al magistrado Miguel Ángel Contreras, quien deberá resolver si le da curso a las acusatorias o las descarta.

En Catamarca hubo réplicas del polémico caso del “vacunatorio VIP” de nación. Ni bien inició la semana, el diputado opositor Hugo Ávila (FUC) se hizo presente en la Justicia federal para radicar una denuncia penal contra la intendenta de Fiambalá, Roxana Paulón y a la ministra de Salud, Claudia Palladino. En la presentación pidió “que se investiguen los hechos que han tomado estado público a partir de las declaraciones realizadas a medios periodísticos que dan cuenta de que personas que no se encuentran comprendidas en los grupos prioritarios que establece el Plan Estratégico para la vacunación Covid–19 en la República Argentina (Resolución 2883/2020 del ministerio de Salud de la Nación) están siendo vacunadas”.

Esta fue una de las acciones judiciales sobre las cuales el fiscal federal dictaminó la incompetencia sobre la causa.
La otra denuncia que se radicó durante esta semana la realizó el empresario Fernando Rivera. El excandidato a intendente en la Capital le apuntó al gobernador Raúl Jalil, a la titular de la cartera sanitaria, a la intendenta Paulón (Fiambalá) y al jefe comunal de Fray Mamerto Esquiú, Guillermo Ferreyra, por el supuesto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según indicaron fuentes de Fiscalía federal, Santos Reynoso también declaró la incompetencia de su área sobre esta denuncia y remitió la misma al juez Contreras para que decida si tiene continuidad o las declare nula. 

En principio, Reynoso habría declarado la incompetencia en base a que el plan de vacunación en Catamarca lo dirime la propia provincia. Dicho de otra forma, como el Gobierno local define la campaña de vacunas contra el coronavirus la injerencia se ceñiría a la Justicia provincial.

UCR evalúa denuncia
Si bien los legisladores de la UCR “orgánica” no realizaron ninguna denuncia por el plan de vacunación en Catamarca que llegó a funcionarios e intendentes, no descartaban avanzar con una.

Para el caso, la diputada opositora y presidenta del partido centenario, Marita Colombo, explicó que “es muy grave el hecho desde el punto de vista bioético y de la responsabilidad del Gobierno de velar por el respeto del orden de prioridades en la vacunación”.

La legisladora recordó que durante el año pasado, en la primera ola de la pandemia en Europa y en algunos países de Sudamérica “veíamos que los médicos debían decidir a quién le ponían el respirador y a quién no”.
Sobre este eje, contrastó: “Acá se tomó la atribución de decir que ‘le pongo tu vacuna, del personal de salud, policía, docentes, empleados municipales, a mi ministro o intendente amigo’”.

“Es una aberración”, calificó Colombo la situación para acotar que en el Gobierno no se tiene “conciencia de la gravedad que esto tiene”. “Hubo una transgresión a los criterios bioéticos de forma indolente”, sostuvo la diputada y descartó una responsabilidad de Palladino pero no de otro estamento: “Creo que fue una decisión política ridícula e irresponsable”.