La sanción dada por el Tribunal del Conducta (TC) de la Unión Cívica Radical (UCR) en contra de siete mujeres del centenario partido fue apelada por ellas mismas mediante una presentación ante el juez federal de Catamarca, Miguel Contreras.
Las mujeres que recibieron sanción por haber solicitado que Roberto Gómez no sea candidato a la presidencia del Comité Capital recurrieron a esta instancia por considerar que ello es improcedente y piden que se deje sin efecto la suspensión por cinco meses en los cargos partidarios.

Así, María Luisa Moreno, Claudia Alejandra Vera, Amalia Gabriela Nieva Larcher, Natalia Vanessa Herrera, Vilma Mercedes Canceco, Jéssica Luciana Nieto Zelarayán y María Gabriela Lobo Vergara señalan: “Venimos por la presente a interponer en tiempo y forma recurso de apelación en contra de la Resolución  TC UCR Nº 02/21 de fecha 17 de febrero del presente año, por resultar a todas luces improcedente y por ende solicitar a VS. que en ejercicio del Control Judicial Ulterior a la que todas las resoluciones emitida por los Tribunales de Conducta Partidario deben ser sometidas, deje sin efecto la misma”.

Luego remarcan que por imperio del artículo N° 66 de la Carta Orgánica Partidaria (COP) las resoluciones dictadas por el TC “en principio son inapelables, con excepción de las que impongan suspensión o inhabilitación mayor de seis meses y separación o expulsión, que serán recurribles ante la Convención Provincial”.

Seguidamente, fundamentan sobre defectos formales de procedimientos al señalar, en primer término, que Natalia Herrera interpuso formalmente una recusación con expresión de la causa, ya que al haber mantenido la recurrente una entrevista personal con el presidente del TC, Pablo Jalile, este “habría adelantado opinión en forma verbal sobre la gravedad de la conducta desplegada por las siete afiliadas radicales” que “el tribunal rechazó sin justificación alguna”. También recuerdan la recusación contra del médico Jorge Moukarzel, quien trabaja en relación de dependencia con Roberto Gómez.

En otro apartado de la apelación, refieren que en la conformación del TC “no se respetó la ley de paridad de género y cupo femenino, ya que siendo evidente que trasciende en la presente causa la impronta de la perspectiva de género, paradigma este que hemos decido alzar y enarbolar, no es menor el dato de que como mujeres se nos ha castigado por la opinión vertida respecto de la posible candidatura de un hombre”.

Con respecto a los fundamentos de fondo que expresan para revocar la sanción impuesta, mencionan que declaran la responsabilidad de las siete mujeres, pero que solo el TC dio las sanciones, “sin efectuar el más mínimo análisis de los tipos de inconductas”.

Luego niegan el “ataque” por el que fueron sancionadas, aclarando que fue “tan solo un pedido formal de que no se acepte la candidatura de una persona que tenga una denuncia penal en su contra” y que “la nota presentada obedeció a la necesidad de salvaguardar la institución de nuestro Partido desde la perspectiva de género”.

En otro párrafo refieren que “corresponde hacer una observación respecto de la sanción impuesta, la que además de ser antojadiza y arbitraria, resulta una muestra más de la subjetividad del accionar del Tribunal de Conducta, que sin dar motivos ni fundamento alguno de por qué, quienes no tenemos ningún antecedente sancionatorio en nuestra vida política, se nos suspende por 5 meses (sic). Dicha decisión lo fue al solo efecto de cercenarnos nuestro derecho de defensa, a sabiendas de que la COP establece que cuando la suspensión es menor de seis meses, tal resolución  es inapelable”.

“Quede claro, los hombres de nuestro partido nos han castigado por una opinión que hemos vertido en resguardo de la perspectiva de género”, concluyen.