El pasado viernes, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) emitió un documento sobre la situación que atraviesan las siete mujeres del partido UCR de Catamarca por solicitar que se baje la candidatura de una persona que tiene una causa abierta por abuso sexual.

Así, la organización compuesta por abogadas y politólogas feministas e integrantes de una alianza de instituciones feministas latinoamericanas creada para promover y defender los Derechos Humanos y la justicia de género en la región, expresa que “la inhabilitación para desempeñar los cargos por los cuales fueron electas de manera democrática por denunciar a un miembro de su propio partido, quien es quien debería estar en el foco de los cuestionamientos, conforma un claro caso de violencia política”.
“Esta sentencia (refiriéndose a la suspensión por cinco meses en sus cargos partidarios emitida por el Tribunal de Conducta)  resulta totalmente controvertida y contradictoria si tenemos en cuenta que es un partido que se ha declarado en muchas oportunidades a favor de la igualdad de género, en contra de la violencia por razones de género en la política y que además tiene en su carta ética ‘promover la igualdad de género en las actividades públicas y privadas, en todas las áreas políticas y sociales, y en todos los niveles de decisión’”. 

El extenso documento indica además que “es momento de repasar el funcionamiento de los partidos políticos. Aquellos que poseen personería jurídico-política, están reconocidos como tales de acuerdo a la Ley 23.298 orgánica de partidos políticos y están regidos por sus Cartas Orgánicas las cuales constituyen su ley fundamental”.

Cabe destacar que el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género es una institución no gubernamental y emite documentos sobre situaciones para analizar críticamente el derecho y las políticas públicas desde una perspectiva de género, revisando sus efectos en las relaciones sociales entre mujeres y varones.