El legislador de la oposición, Francisco Monti
Piden la intervención del TC por la compra del avión
Para el diputado del radicalismo, la compra del nuevo avión sanitario estuvo “dirigida”.La millonaria cifra (nueve millones de dólares) para la compra directa de un nuevo avión sanitario de parte del Gobierno impulsó en el legislador opositor Francisco Monti (UCR - Juntos por el Cambio) a que pida la intervención del Tribunal de Cuentas (TC). Para el diputado, el Ejecutivo no debía eludir los mecanismos de la Ley de Inversión Pública y sobre esta base, le solicita al organismo contralor de las cuentas públicas que verifique el cumplimiento de los pasos legales. Incluso, consideró que la compra estuvo “dirigida”.
En el petitorio, Monti recuerda que la Provincia autorizó la convocatoria mediante el procedimiento de contratación directa mediante decreto acuerdo para la adquisición de una aeronave Learjet 75 Liberty por U$S 8.950.000.
El opositor reseña que la ley de Inversión Pública establece que el ministerio de Planificación debe “analizar y emitir informes de pertinencia técnica de los proyectos de inversión” y a la vez, “elaborar informe de los resultados del análisis técnico y económico de los proyectos de inversión pública”.
Retoma el decreto del Ejecutivo para rescatar que el proceso de compra se inició por una nota de parte del secretario de Aeronáutica. “La intervención o pedido formulado por la secretaría de Aeronáutica de ninguna manera sustituye un informe de pertinencia técnica ni el análisis económico”, esgrime en el petitorio al TC.
El análisis no queda allí. Es que Monti resaltó que “el tema planteado adquiere especial relevancia a la luz del Decreto 2260 por el cual se aprueba la licitación pública internacional (N° 01/2020) para la adquisición de un avión Bi-Reactor (Jet) usado con equipamiento sanitario nuevo por la suma de $320.000.000”.
“Es decir, pocos días antes de iniciar el procedimiento de compra de un avión nuevo por U$S 9.000.000, existía un trámite para la adquisición de una aeronave con la misma finalidad pero ‘usada’ y de precio sustancialmente menor al que finalmente se pretende adquirir”, explica.
En esta línea, cuestionó: “Si resultaba apta, eficiente, conveniente y razonable la compra de un avión usado de U$S 4.119.432, ¿Cómo es que luego aparece una compra directa por una aeronave distinta y nueva por una suma que supera el doble de dinero?”.
“Queda clara entonces la contradicción e incongruencia del Gobierno que mal puede estar plasmada en un informe de pertinencia técnica ni análisis económico alguno habida cuenta de que no existiría manera de justificar semejante modificación en el objeto de compra”, sostiene.
Incluso desliza que “resultó ineludible para el Poder Ejecutivo evitar los mecanismos de la Ley de Inversión Pública para alcanzar la compra dirigida al Learjet 75 Liberty”.
Para el diputado, el Gobierno no pudo “echar mano a un mecanismo de contratación excepcional que se torna más excepcional aun teniendo en cuenta el monto sideral que representa para las arcas públicas la adquisición de una aeronave por U$S 9.000.000”.
“Es inaceptable y grave que el Ejecutivo se otorgue a sí mismo el nivel de discrecionalidad que le abra la puerta a determinar con absoluta liviandad que tamaña compra puede realizarse por licitación pública o por compra directa”, termina su fundamento.