El diputado opositor  solicitó un pedido de informe ya que le llamó la atención el trámite por el cual el ministerio de Educación solicitó a fines del año pasado la aprobación de un régimen de contratación especial para infraestructura escolar para adquirir bienes y servicios por $7 millones cada una sin licitación ni concurso de precios. Esa fecha y “sin un plan claro de mantenimiento de escuelas que recién en la actualidad se están relevando”, llevaron al legislador a presentar dicho pedido.

“Se aproxima el inicio de un nuevo ciclo lectivo y ante la incertidumbre actual respecto a la presencialidad áulica de los alumnos, el ministerio de Educación pretende poner en marcha el plan de acondicionamiento de las escuelas públicas”, contempla el diputado radical para rescatar la existencia del expediente 2020-00913463.

Es que por ese instrumento la cartera que conduce Andrea Centurión “ha solicitado autorización para que en forma excepcional pueda hacer contrataciones directas para la adquisición de los materiales inherentes al mantenimiento de los edificios de su dependencia, solicitando además una ampliación del monto establecido para contrataciones directas hasta la cantidad de 1000 Módulos”.

En este orden de ideas, Monti indica que el ministerio de Educación  a través del citado expediente “solicita vagamente autorización excepcional para efectuar contrataciones directas para la adquisición de materiales necesarios destinados al mantenimiento de los establecimientos escolares y demás dependencias”. 

Así, explica que el término “vagamente” es porque la “nota, además de ser presentada el último día hábil del 2020, como respaldo justificativo de su pretensión solo acompaña un listado general de rubros (herrería, sanitarios, plomería, carpintería, etc.) con montos acompañando a cada rubro, los que totalizan la suma de 72.692.721 pesos, sin mediar un relevamiento que refleje las necesidades de cada uno de los establecimientos escolares”.

 Para Monti, es una “exagerada improvisación del ministerio de Educación de nuestra provincia”. Sucede que esto conlleva a que “su actuación genere una grave obstrucción al poder de contralor de los actos de gobierno, ya que un pedido serio, de esta naturaleza, debió contener mínimamente un informe de relevamiento por parte de la dirección Provincial de Programación y Mantenimiento Edilicio que contenga un plan de tareas a ejecutar”.

Además, indica que también se debe contar con “un informe que detalle los edificios que requieren mantenimiento y qué tipo de tareas necesita cada uno para estar en óptimas condiciones; presupuesto detallado de materiales a adquirir para cada establecimiento, etc.”.

“De autorizarse la solicitud del ministerio de Educación, careceríamos de las herramientas de contralor indispensables para conocer  el destino específico de los fondos,  ya que su utilización sería discrecional”, supone el legislador en la iniciativa.
En tanto, distingue que en la nota se ven “citaciones de artículos y leyes que garantizan el acceso al derecho de la educación, sin informar siquiera una fecha aproximada del inicio de clases presenciales, cuál es el protocolo propuesto para la presencialidad de los alumnos en las aulas y qué recursos serán destinados a la prevención del contagio del virus Covid-19”, más aún cuando data del año pasado.

“Esto, solo deja entrever una actuación improvisada del ministerio de Educación de nuestra provincia”, sostiene Monti en la iniciativa que pide un informe que justifique “la razón por la que requiere autorización para efectuar contrataciones directas aplicando un sistema diferenciado de la Ley de Administración Financiera”.