Continúan las réplicas para con el cura Oscar Tapia, quien cuestionó a la cámara baja de la Legislatura por no tratar la ley de Educación de Gestión Privada, Social y Cooperativa. A la fuerte respuesta de Verónica Mercado se suma su par e integrante de la comisión donde se encuentra la iniciativa, Adriana Díaz, quien indagó sobre los motivos del “apuro” para deslizar que, quizás, los colegios privados pretenden que el Estado también se haga cargo del pago de los servicios públicos.  

“Al `vocero´ que se manifiesta `muy molesto´ por lo que considera una demora legislativa y acusa de no trabajar, le aclaro que precisamente es porque trabajamos que tomamos el tiempo necesario y además reglamentario permitido, para llevar adelante nuestra tarea”, inició su respuesta la diputada oficialista. 

Díaz, tras poner en contexto la situación, preguntó sobre “cuál será el real apuro para que esta ley salga sin revisión y análisis y consenso adecuado de la cámara de Diputados”. A la vez, indagó si el apuro tiene algún vínculo con pretender “que el Estado provincial también se haga cargo de los gastos en servicios públicos de los colegios confesionales como sucede con las propiedades del Obispado, que reciben subsidios completos y millonarios por el agua y la energía eléctrica”.
La diputada oficialista recordó que durante el proceso de discusión de la llamada “reforma de la ley de educación pública de gestión privada”, intervino en distintas instancias donde pudo introducir aportes “a uno de los varios ante-proyectos que circularon”. Entre ellos, mencionó la protección “a los derechos de los estudiantes que registren atraso en el pago de cuota y respecto de las sanciones y multas que deben imponerse por deficiencias edilicias en las instituciones educativas de gestión privada”. 

Díaz también rememoró que, sobre el tema, presentó un proyecto de resolución solicitando al ministerio de Educación “que los establecimientos de gestión privada hagan público un detalle de sus gastos a atender en pandemia, aparte del servicio docente”. ¿El motivo? “La exigencia del pago completo de la cuota en momentos de atención remota”, explicó. 

Además, rescató la existencia de la ley provincial 5.381 de Educación. Es que esta normativa “ya contempla en un capítulo a la gestión privada”. “A mi criterio no era adecuado realizar una ley especial y la Ley 3.387 - una norma de la dictadura- ha quedado sin materia por las nuevas concepciones emergentes”, explicó para remarcar que “por esto, lo más conveniente era una modificación o actualización de la ley 5.381”.

Incluso señaló que en el pasado pidió que se convoque a una audiencia pública para el tratamiento “de este y otros proyectos de la misma materia”. “Es la forma más adecuada, según mi criterio, para que se conozcan todas las posturas y análisis y que todos los actores y la ciudadanía tengan conocimiento de forma directa”, concluyó la legisladora.

De esta forma, Díaz se suma a las respuestas contra las declaraciones del religioso, quien había apuntado a los diputados para “que hagan el trabajo que tienen que hacer” en reclamo al tratamiento de la ley que ya tiene media sanción del Senado.