Las denuncias contra los ministros Claudia Palladino (Salud), Jorge Moreno (Gobierno) y los intendentes Guillermo Ferreyra (Fray Mamerto Esquiú) y Roxana Paulón (Fiambalá) por recibir vacunas contra Covid continuarán en la órbita de la Justicia Federal. Sucede que el magistrado Miguel Ángel Contreras no compartió los criterios del fiscal Santos Reynoso, para quien las acusaciones de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario tenían que ser remitidas a la Justicia provincial.

El fiscal consideraba que la Justicia Federal era incompetente para entender en las denuncias e indicaba que el propio Plan de Vacunación de Nación, en su anexo, “cuando se refiere a la planificación, se delega en cada provincia la elaboración de un plan acción a los fines de la organización” para la aplicación de dosis. En otras palabras, “claramente los ministerios de salud provinciales serán los responsables de la conducción de las estrategias” de vacunación.

Además, Reynoso había remarcado que para que sea la Justicia Federal la encargada de llevar adelante las denuncias se deben determinar tres factores: “Si la infracción es o no susceptible de afectar un interés nacional, si la persona cuestionada se desempeña como funcionario nacional y si el presunto hecho delictivo afecta establecimientos de utilidad nacional”.

Este criterio no fue visto desde la misma óptica por parte del juez. El magistrado recordó cuando se dictó el DNU del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. ¿Por qué? Porque durante esa etapa “por nuestra parte se dictaron numerosas sentencias a los infractores” y “en todos esos casos la competencia federal fue solicitada por el Fiscal”. Entonces, para Contreras “resulta un contrasentido, cuando no una incongruencia procesal, que hoy se decline la misma en dirección a la Justicia provincial cuanto antes y en toda la materia de naturaleza sanitaria, los tribunales federales entendieron sin excepciones”.

En cuanto al Plan de Vacunación en sí, el juez indica que “es, indudablemente, de interés federal o, por lo menos, no existe factor o elemento que nos permita distinguir una competencia diferente”.

No fue todo lo que expuso Contreras. Sucede que se adentró en la cuestión central: la vacuna. “Las vacunas se adquieren y son pagadas con fondos del erario público nacional o bien son adquiridas por otros medios por el Estado Nacional, quien luego las reparte entre las provincias en el marco del plan estratégico de vacunación”, contrastó el juez.

De esta forma, indica que “si algunas dosis fueron eventualmente sustraídas de tal plan para inocular supuestamente a personas que no se encuentran dentro de la etapa de vacunación, se afecta la ejecución de la disposición federal”.

Así las cosas, el magistrado no advirtió “razones, motivos o fundamentos nuevos o diferentes que nos permitan declinar la competencia dado que si la Justicia Federal entendió en la etapa de prevención, lo debe hacer en la etapa de curación (vacunación), más aun cuando el Estado federal comprometió al erario nacional en esta dura lucha para adquirir y comprar las dosis necesarias”, remarcó.

Con todo ello, Contreras rechazó el planteo de Reynoso respecto a que la competencia por las denuncias recaiga en la Justicia provincial.